Los problemas de seguridad obligan al Gobierno británico a aplazar el traslado de migrantes a la ‘cárcel flotante’
La barcaza presenta importantes problemas de seguridad relacionados con el sistema de detección y evacuación ante posibles incendios
Vista aérea de la barcaza que quiere utilizar el gobierno británico para retener a inmigrantes / Finnbarr Webster
Londres
El Gobierno británico se ha visto obligado a aplazar el traslado de los primeros refugiados a la barcaza ‘Bibby Stockholm’, instalada hace dos semanas en la isla de Portland, en el sur de Inglaterra. La barcaza, calificada de “cárcel flotante” por las organizaciones humanitarias, presenta importantes problemas de seguridad relacionados con el sistema de detección y evacuación ante posibles incendios, según relataron inspectores locales consultados por el diario The Times.
El Ejecutivo tenía previsto iniciar el traslado esta semana, pero el nuevo contratiempo le ha impedido especificar cuándo se realizará finalmente. Los problemas de seguridad han supuesto un nuevo revés para el primer ministro, Rishi Sunak, que ha hecho del combate a la inmigración irregular una de sus principales banderas.
El objetivo del Gobierno es reducir todo lo posible los gastos asociados al alojamiento y manutención de los solicitantes de asilo, que se encuentran actualmente instalados en hoteles con un coste aproximado de 7 millones de libras diarios (unos 8 millones de euros), según el ministerio del Interior. Además del uso de barcazas como el ‘Bibby Stockholm’, Sunak también prevé el uso de instalaciones militares para acomodar a miles de refugiados en los próximos meses.
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El proyecto, sin embargo, está lejos de materializarse. El traslado de cerca de 2.000 migrantes a la base militar de Scampton, en el norte de Inglaterra, se ha aplazado como mínimo hasta octubre porque todavía no se han realizado las inspecciones pertinentes y por los retrasos en la instalación de agua, luz y gas.
El ministerio del Interior sí ha conseguido instalar a 46 refugiados en la base de Wethersfield, a unos 60 kilómetros de Londres, y tiene previsto acomodar a medio centenar más en los próximos días a pesar de que se han detectado casos de sarna y tuberculosis, según la prensa británica. El objetivo del Gobierno es alojar a 1.700 personas en esta base cuando esté en su plena capacidad.
Críticas al Gobierno
Los planes del Ejecutivo cuentan con un importante rechazo tanto de las comunidades locales como de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos. Los ayuntamientos de los dos municipios donde se encuentran las bases están en plena batalla judicial con el Gobierno, al que acusan de usar de forma ilegal un mecanismo de emergencia para evitar realizar los procesos de planificación adecuados. Varias organizaciones vecinales se han concentrado a las puertas de las instalaciones en los últimos meses para mostrar su rechazo a la medida.
Por su parte, las organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado con dureza las intenciones del Ejecutivo, que han calificado de “crueles e inhumanas”. Cerca de cincuenta organizaciones han alertado de que el uso de barcazas como el ‘Bibby Stockholm’ tendrá consecuencias para la salud mental de los refugiados, quienes ya han vivido experiencias traumáticas en su camino hacia el Reino Unido. La barcaza tiene capacidad para alojar a 506 solicitantes de asilo en 222 camarotes: una capacidad que fue doblada por el Gobierno para abaratar los costes pero que ha planteado más dudas en el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Los inspectores locales han alertado del riesgo de que se produzca un caso parecido al de la torre Grenfell, un edificio residencial de Londres que ardió en 2017, provocando la muerte de 72 personas. En el caso del ‘Bibby Stockholm’, los responsables de la inspección han mostrado su preocupación por los pasillos estrechos y la existencia de tan solo dos salidas principales, algo que el Gobierno ya está tratando de solucionar.
“Lo correcto es que cualquier alojamiento que ofrezcamos sea también seguro”, ha explicado el ministro de Transportes, Richard Holden, a Sky News. “Las comprobaciones durarán lo que tengan que durar, es importante que hagamos las cosas bien”.
