Consumo abre expediente a varias aerolíneas por no tener teléfono de atención gratuito

Madrid

El Ministerio de Consumo tiene a las líneas aéreas en el punto de mira. Si la semana pasada el departamento que dirige en funciones Alberto Garzón abrió los primeros expedientes sancionadores a varias compañías de bajo coste por cobrar por el equipaje de mano transportado en cabina, hoy lo ha hecho por no facilitar a sus clientes teléfonos de contacto gratuitos.

Las líneas aéreas expedientadas no ofrecen de este tipo de números de teléfono (que comienzan con los prefijos 800 o 900) o disponen de él, pero no son fácilmente accesibles para los usuarios. Según explica Consumo en un comunicado, las empresas de transporte aéreo, como servicio básico de interés general, están obligadas a ofrecer un teléfono de atención al consumidor gratuito. Una obligación que, recuerda, entró en vigor en enero del año pasado tras la reforma de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Mucho tiempo esperando

"Llevábamos mucho tiempo esperando este expediente sancionador. Las últimas denuncias que hemos presentado ante el Ministerio contra aerolíneas han ido contra 16 compañías que se seguían saltando la normativa", explica a la Cadena SER Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La organización de consumidores denunció en diciembre del año pasado a las compañías Blue Air, Binter, Canary Fly, Iberia, Wizzair, Volotea, Air Europa, Condor, Iberojet, Easyjet, Finnair, Iceland Air, SAS, Transavia, Wamos Air y EgyptAir por no facilitar teléfonos de contacto gratuitos.

Una práctica que, según Sánchez, se extiende más allá del sector aéreo. “Hemos denunciado a alrededor de 300 empresas por este tipo de irregularidades. Queda pendiente que el Ejecutivo nos aclare contra cuántas va a actuar, contra cuántos sectores, para atajar de una vez estas prácticas que atentan contra los derechos de los consumidores”, señala.

Las multas contra las aerolíneas por no ofrecer un número gratuito a sus clientes podrían alcanzar los 10.000 euros en el caso de las infracciones leves y hasta los 100.000 euros cuando la infracción sea grave. En caso de que los beneficios obtenidos por las empresas a través de esta práctica superen estas cantidades, Consumo recuerda que “las sanciones podrían alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilícito obtenido, para las infracciones leves, y entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, para las graves”.