La compra del 10% de Telefónica por parte de Arabia Saudí ha hecho sonar alertas en Bruselas

Madrid

La compra del 10% de Telefónica por parte de Arabia Saudí ha hecho sonar alertas en Bruselas. Según revelan a la SER fuentes de la Comisión y el Parlamento Europeo, se había encargado ya un informe sobre las implicaciones de que países como China o Arabia Saudí sean propietarios de infraestructuras críticas como las telecomunicaciones. En ese informe, al que ha tenido acceso la SER, Bruselas advierte de que los límites tradicionales de "propiedad de las compañías" con insuficientes cuando detrás del comprador hay un Estado o un fondo soberano como el que ha comprado el 10% de Telefónica.

Un extenso análisis de 43 folios identifica las infraestructuras críticas para la Unión y son, precisamente, los nodos logísticos y las compañías telecomunicaciones. El documento analiza la entrada de China en telecomunicaciones y extiende conclusiones a países como Arabia Saudí. Fuentes europeas dicen, precisamente, que la expansión de los BRIC (Brasil, Rusia, India e China) a Arabia Saudí hace apenas un mes coloca a ese país en un eje de amenaza a la economía europea.

Así que con ese informe en la mano se extraen dos conclusiones fundamentales:

1. "Al contrario que en los países democráticos, las distinciones entre el Estado y las empresas privadas diluyen la distinción entre los intereses comerciales, políticos y militares". Es decir, que la Unión Europea desconfía de que ciertas compras respondan sólo a intereses comerciales.
2. Que ciertas inversiones desembocan en nexos entre gobiernos democráticos y empresas controladas por estos regímenes que, con el dinero que invierten y prometen, se advierte, "crean canales de influencia sobre los responsables europeos. Contra esta amenaza de influencia la UE está poco preparada".

Así que, ante esos movimientos empresariales que tienen fondos soberanos o partidos estatales detrás, se plantean fijar criterios objetivos para identificar qué puede considerarse "presión de regímenes autoritarios sobre los actores privados y públicos" y se hace una recomendación central: más capacidad regulatoria para frenar ciertos movimientos e inversiones en infraestructuras críticas. En concreto, se cita la capacidad de frenar ciertas entradas en ciertas compañías. Literalmente se dice: "El riesgo de influencia política directa puede ser mitigado limitando la participación significativa en activos europeos".

Fuentes del organismo europeo dicen que falta "percepción del riesgo" de estas inversiones en infraestructuras críticas y piden políticas de coordinación entre la legislación europea y la de cada país, según ha sabido la SER.