La Justicia confirma que son dos las presuntas víctimas afectadas por la grabación y difusión del vídeo sexual de los canteranos del Real Madrid

Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado este lunes que hay dos presuntas víctimas en el caso de los canteranos del Real Madrid, investigados por supuestamente grabar y filtrar, sin consentimiento, un vídeo en el que al menos uno de ellos mantenía relaciones sexuales con un menor de 16 años. Hasta el momento se tenía conocimiento de la existencia de una denuncia, pero este lunes, se ha conocido que habría otra chica más afectada por esta difusión. Fuentes judiciales aseguran que ya se ha tomado declaración a las dos presuntas víctimas, además, también se tiene como prueba el volcado del contenido de cuatro terminales que ahora investigaran. Unos detalles que aparecen en el atestado de la Guardia Civil presentado a las autoridades judiciales este lunes.

De momento, las autoridades judiciales han incoado diligencias previas por la posible comisión de "delitos contra la intimidad" y es previsible, según afirman esas mismas fuentes, que se proceda a citar a los denunciados más tarde. Todos son mayores de edad, tienen entre 20 y 21 años. En paralelo, el juez también quiere escuchar el testimonio de las dos mujeres afectadas. Los hechos se conocieron el pasado jueves, cuando agentes de la Guardia Civil irrumpieron en Valdebebas, la sede en la que entrenan los canteranos del Real Madrid, para detener a tres jugadores del Castilla y el Real Madrid C y la imputación de un cuarto, en todos los casos por un delito de revelación de secretos.

La segunda presunta víctima, según adelanta el diario La Provincia, es mayor de edad y también denunció porque aparece junto a la menor mientras mantienen relaciones sexuales. La primera denuncia la presentó la madre de la menor de 16 años contra los futbolistas implicados porque en teoría fueron ellos los que grabaron las imágenes de las relaciones sexuales consentidas, pero no contaban con el permiso para difundir ni grabar el encuentro. Los hechos se produjeron este verano en el municipio de Mogán, en la isla de Gran Canaria, mientras estaban de vacaciones.

El derecho a la intimidad es uno de los derechos fundamentales que están protegidos por el artículo 18 de la Constitución y que garantiza que cada persona pueda mantener su vida privada en la intimidad, sin intromisiones en ella o sin tener que enfrentarse a actos que puedan menoscabar su dignidad, por lo que infringir este derecho está penado en el Código Penal. Si alguien graba vídeos de otra persona, ya sean sexuales o no, sin su consentimiento y/o los distribuye a terceros, también sin permiso, está considerado un delito por dañar la intimidad de esa persona, según el artículo 197 del Código Penal y acarrea penas de prisión que pueden elevarse aún más si se dan condiciones especiales, como si la víctima es menor.