Claves del juicio contra Donald Trump: sin jurado, con un juez tomando decisiones en solitario y un auditor independiente

Madrid

Letitia James es la fiscal general de Nueva York que presentó la demanda que ha derivado en el juicio que comienza este lunes y en el que el que se le acusa a Trump, su empresa y a dos de sus hijos, Eric y Donald Jr, de haber inflado de modo fraudulento el valor de sus activos, mintiendo a la oficina de recaudación estadounidense (Hacienda), a las aseguradoras, al estado (del que recibió subvenciones) y a los bancos (de quienes recibió prestamos).

Como ejemplo, el complejo turístico Mar-a-Lago de Florida, que según un informe financiero, estaba sobrevalorado en un 2.300% como consta en los escritos del Tribunal. En la documentación en la que se basa la fiscalía para esas acusaciones, también está un documento lleno de irregularidades sobre el tamaño del apartamento que el expresidente tiene en la torre que lleva su nombre en Manhattan.

Trump, que su ático de tres pisos era casi tres veces más de lo que constituía su tamaño real, estaba valorado en 327 millones de dólares. Las acusaciones son el resultado de una investigación realizada durante varios años por la fiscal James, quien terminó demandando al expresidente en septiembre del pasado año.

La investigación se inició por un testimonio ante el congreso del que había sido abogado personal de Trump, Michael Cohen, quien dijo que el entonces presidente y sus empleados habían manipulado su patrimonio neto para satisfacer sus intereses.

Un juicio sin jurado

Este es un juicio sin jurado: normalmente, es un jurado el que dictamina si un acusado es culpable basándose en las pruebas que se presentan, y el juez es quien luego dicta sentencia si lo encuentran culpable. En este caso, el juez es quien decide en solitario.

La fiscal general solicita ante el juez que se prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores, incluida su hija Ivanka que no esta procesada en esta causa, volver a dirigir cualquier empresa con sede en el estado de Nueva York. Además, solicita 250 millones de dólares, que según James, es el valor estimado de los beneficios derivados del presunto fraude. También solicita una prohibición de cinco años para que ni Trump ni su organización puedan trabajar en el sector inmobiliario.

El juez ya ordenó la cancelación de los certificados que 10 de las entidades comerciales de Trump necesitan para operar en los mercados, incluidas la que habilitan el manejo de la Trump Tower y sus clubs de golf en Nueva York. El magistrado ha estipulado un auditor independiente para que supervise las operaciones de las empresas de Trump. Si el expresidente no lo acepta, perderá la autoridad para tomar decisiones estratégicas y financieras sobre algunas de sus propiedades clave en el Estado de Nueva York.

Trump ya ha dicho que el juez es un vendido de los demócratas y un trastornado además de publicar sobre el magistrado, que esta desquiciado, que es una persona cruel y que lleva a cabo una campaña de búsqueda y derribo contra él.