Todas las asociaciones de la Guardia Civil censuran a Grande-Marlaska por impulsar un plan oculto para desmantelar el cuerpo: "Nos están robando competencias"
Las siete organizaciones presentes en el Consejo de la Guardia Civil exigen una reunión con el Ministro del Interior en funciones para que aclare el futuro del Instituto Armado ante la cesión de competencias, como por ejemplo, en materia fiscal, policía judicial y seguridad ciudadana en los puertos de Santander y Melilla
Una de las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. / AUGC
Las siete asociaciones profesionales que representan a todas las escalas y empleos de la Guardia Civil en el Consejo -JUCIL, AUGC, IGC, AEGC, ASES-GC, Unión de Oficiales y Asociación Profesional de Cabos- han tachado de “insultante” el trato que están sufriendo por parte del Ministerio del Interior y de la cúpula de la Guardia Civil.
La gota que ha colmado el vaso fue el “plantón” que recibieron el pasado 28 de septiembre durante el pleno ordinario del Consejo de la Guardia Civil. Ni el ministro del Interior – que se encontraba en la cumbre de Ministros en Bruselas-, ni el director de la Guardia Civil, Leandro Marcos, participaron en el máximo órgano de representación. “Una actitud que expresa, una vez más, la falta de interés de la Administración por los numerosos y graves problemas que afectan a los guardias civiles no solo en su trabajo, también en el contexto en el que desarrollan cada día su labor en la defensa de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos”.
En una rueda de prensa conjunta, todas las asociaciones han pedido una reunión urgente a Grande-Marlaska para que frene “este ataque sin precedentes”. Todas las asociaciones de la Guardia Civil censuran al ministro en funciones, Fernando Grande-Marlaska por impulsar un “plan oculto” para desmantelar el cuerpo: "Nos están robando competencias que son exclusivas de la Guardia Civil", han zanjado el portavoz de AUGC. “Queremos que Marlaska nos explique qué pretende hacer con la Guardia Civil. Los Guardias Civiles tienen derecho a ser escuchados”, añade el portavoz de JUCIL, Ernesto Vilariño
Entre esa pérdida de competencias se puesto de ejemplo el traspaso de la Agrupación de Tráfico hacia la Policía Foral de Navarra o la cesión en materia fiscal, policía judicial y seguridad ciudadana en puertos, en concreto, en Santander y en Melilla, aunque su temor es que esa hoja de ruta se extienda por el resto de costas de España. “Cuando las leyes se modifican a golpe de decreto, genera problemas entre cuerpos policiales. Y el que paga el plato roto es el ciudadano”, denuncia Vilariño.
Durante el acto también se ha denunciado la pérdida de competencias a favor de los Mossos d'Esquadra del Servicio Marítimo en Cataluña, en concreto, se ha puesto como ejemplo, el dispositivo de la Copa América de Vela de 2024. Además, se ha denunciado que también se pretende prescindir de la participación real de las asociaciones en el sistema a establecer en cumplimiento de Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
Javier Bañuelos
Redactor Jefe en la Cadena SER responsable de la información sobre Interior y Defensa. Soy diplomado...
