"Yo decía es mi abuelo, confío en él": el 80% de abusos sexuales a menores se produce en el ámbito familiar

Save the Children alerta de que en el 80% de agresiones sexuales contra la infancia el autor es una persona del entorno familiar o conocida del niño o niña. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. “Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así, señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children. El estudio señala que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años, y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente. Además, ha aumentado exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. En el periodo analizado anterior, el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los 2 años. Sin embargo, ahora vemos que sólo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo. Los datos indican también que hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta 3 veces en policía, fiscalía y juzgado. Sólo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones. Este es el caso de Carmen Corrales, gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sufrido abusos sexuales desde los 10 hasta los 14 años por parte de su abuelo. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones siendo todavía menor de edad. “Durante el proceso yo me sentí súper acompañada por parte de mis padres y de mis hermanas, pero por la justicia y demás, no. A mí nadie me acompañó, nadie me indicó dónde tenía que ir, lo que tenía que hacer… nada. Declaré, pero me sentí bajo presión”, relata. Save the Children recuerda que, tal y como indica la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) aprobada hace ahora dos años, es necesario que el Gobierno desarrolle una legislación específica que marque el camino para esta justicia especializada que pueda garantizar los derechos de los niños y niñas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia, como son los abusos sexuales. Esto debe concretarse en las siguientes medidas: • Implantación de juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia. • Creación de una Fiscalía específica de violencia contra la infancia, que participe en todos los procesos donde haya un niño o niña víctima. • Formación inicial y constante de todos los operadores jurídicos. • La asistencia jurídica a las víctimas, acompañándolas desde el inicio hasta el final del proceso y asegurando su gratuidad en los casos que marca la ley. Además, uno de los aspectos básicos de esta especialización de la Justicia es la realización de exploraciones y pruebas preconstituidas, con el objetivo de eliminar actuaciones y declaraciones innecesarias y evitar la revictimización de las víctimas. “La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. Por eso es fundamental disponer de los recursos adecuados para tomar esa declaración y poder usarla en el juicio. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual”, afirma Perazzo. Save the Children apuesta también por implantar en todas las comunidades autónomas el modelo nórdico Barnahus (“casa de los niños” en islandés), un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para evitar la victimización secundaria. Desde la apertura de la primera Barnahus en 2020 en Catalunya -en concreto, en Tarragona-, otras comunidades autónomas como Andalucía, Euskadi, Cantabria, Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Islas Baleares o Navarra están siguiendo el mismo camino. Además, el proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa sobre la Barnahus en España para los años 2022 a 2024 -desarrollado en estrecha colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-, tiene como objetivo mejorar el marco legislativo y de políticas públicas para introducir este modelo en las distinas comunidades autónomas. “En la legislatura pasada ya se impulsaron tres proyectos de ley para reformar el sistema de justicia que eran una oportunidad para poder mejorar la atención a la infancia en la justicia española, pero se quedaron parados. Definitivamente, en estos próximos cuatro años hay que conseguir poner todo el sistema judicial a la altura de los niños y niñas”, añade Perazzo.