Los protocolos de la vergüenza: lágrimas e impotencia

Hacía mucho sol a media mañana en la Plaza de Castilla de Madrid. De los juzgados entraba y salía gente a paso ligero. Pero esta mañana de martes había entre 30 o 40 personas aguardando a alguien. Y ese alguien se llama Carlos Mur, el que fue director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, o para que nos entendamos, el que firmó los protocolos puestos en marcha en la primera ola del coronavirus que impedían trasladar al hospital a los residentes más vulnerables. Comparecían también dos geriatras de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Ramón y Cajal.

Las personas que esperaban a Mur, que entró por una puerta lateral a declarar ante el juez, son familiares, otros simplemente estaban porque quieren verdad, justicia, reparación. Sujetaban pancartas y se van turnando. Hay más cansancio que dolor en sus rostros y en sus cuerpos. Miran con recelo a la prensa, a la que intuyen cada vez menos interesada en este caso.

Porque son apenas unos pocos los profesionales que siguen detrás del tema. Willy, Andrea, Fernando, Manuel y Javier. Me fijé en la sonrisa de otro Javier, que pertenece a la plataforma Verdad y Justicia. Anima a los compañeros de Marea de Residencias, de Pladigmare. “No puedo más, llevo tres años y medio luchando por esto. Estoy bloqueada”, dice una de las asistentes, que luce una camiseta con el lema “Ley de residencias ya”.

Mientras todo esto ocurría, Isabel Díaz Ayuso luce un original vestido rojo en una gala en Nueva York. Eso sí que lo veremos en los medios.

En una esquina de la concentración estaba Pilar. Con un folio colgado al cuello en el que ha pintado una cifra con rotulador: 7.291. Son los ancianos fallecidos en residencias durante esa primera ola de la pandemia. “Tendríamos que colgar carteles por Madrid con ese número, sin decir nada más. Y hacer que la gente pregunte, que se le recuerde lo que significa”, comenta.

Y conocí a otra Pilar. Perdió a su padre con 99 años. Le quedaban dos meses para cumplir los 100. Perteneciente a la quinta del biberón, las secuelas de la guerra le dejaron sin pierna desde los 16 años, pero la silla de ruedas era de las pocas cosas que le dificultaban su día a día. Murió el 5 de abril de 2020, más o menos un mes después de que empezara con los primeros síntomas de COVID. “Le atendieron como pudieron en la residencia, pero los protocolos de la vergüenza impidieron que lo vieran en un hospital”, dice.

Un poco antes de las doce y media es Carlos Mur el que salió a paso ligero por la puerta principal de los juzgados. Tiene andares de torero, melena al viento, sonrisa algo nerviosa. Y fue segundos antes de subirse a un taxi cuando aquel grupo de personas se revuelve. Le gritaron asesino, sinvergüenza. Pero él cerró la puerta y enfiló el Paseo de la Castellana. Y será entonces cuando se vean las lágrimas y la impotencia de los que se quedan.

Nos dirán que muchos murieron en sus casas. Nos dirán que centenares de ancianos tuvieron la misma suerte en residencias de toda España. Pero fue aquí, en la Comunidad de Madrid, y sólo aquí, donde se firmó ese protocolo. Y quien lo hizo vive ahora en Andorra y ayer por la mañana echó un ratito en el juzgado para decir que la culpa es de los centros hospitalarios y de los geriatras de referencia que lo aplicaron.