La victoria del pueblo Yasuní marca el camino de la protección del territorio

Ecuador celebró en agosto una consulta histórica para proteger de la explotación a una de las joyas naturales de América Latina. El parque nacional Yasuní es el área protegida más grande del país, con unos 10.000 kilómetros cuadrados, es hogar de varias etnias locales y pueblos no contactados, además de acoger especies endémicas de animales. Por ello está declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. Pero además contiene una de las reservas de petróleo más importantes del país que lleva décadas siendo explotada, en ocasiones con fugas que han puesto en peligro la biodiversidad.

Ahora, gracias a la iniciativa impulsada por la plataforma Yasunidos, Ecuador ha decidido proteger este parque de la explotación petrolera. El portavoz de la campaña del Sí Al Yasuní, arquitecto activista por los derechos humanos y por la naturaleza, Jorge Andrés Espinosa, celebra que desde que se hizo oficial la consulta en octubre se ha frenado la explotación petrolera, lo que supone un gran avance en la lucha contra el cambio climático, pero todavía queda trabajo por hacer.

Han pedido el desmantelamiento ordenado y progresivo de toda la infraestructura petrolera en el bloque 43 y una remediación social y ambiental de este bloque petrolero, donde ya ha habido varios derrames de petróleo e incluso incendios. Además, exigen al Gobierno ecuatoriano que genere un nuevo modelo de desarrollo con las comunidades que habitan en este territorio y contando con la comunidad científica y académica para que pueda plantear algo innovador.

Enfrente de su lucha tuvieron a parte de la población “mayor, que vivió un Ecuador petrolero y vio que había mucho movimiento financiero”. Pero los activistas lograron hacerles entender que “no es un modelo viable”. Las comunidades indígenas han sido constantemente víctimas de esa explotación. Y los propios activistas han sufrido durante años la persecución y el acoso de las autoridades y campañas en su contra en los medios de comunicación. “El Gobierno central, a través de sus agencias de inteligencia, nos espiaba, trataba de filtrar la información…”

Espinosa espera que su iniciativa sirva de ejemplo para que otros pueblos logren victorias similares a través de la democracia participativa para proteger sus territorios. El activista aboga por la soberanía de los territorios en términos energéticos y alimentarios. “En el momento en el que empezamos a traspasar esa frontera y estimular una sociedad más democrática, realmente estamos siendo súper conscientes y vamos a escoger intuitivamente energías renovables y alimentos sanos. Yo creo que esa es una de las transiciones más urgentes que necesitamos”.

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Carbono de sangre: pagar por contaminar

Las multinacionales y sus explotaciones a menudo amenazan a los pueblos indígenas. También lo hacen los Estados que, bajo el supuesto objetivo de proteger el medio ambiente, se dedican a expulsar a tribus de sus propios hogares. Es el caso de los llamados proyectos de ‘Carbono de Sangre’ que se están expandiendo en áreas protegidas, según denuncia la organización Survival, “poniendo en jaque las vidas y los modos de vida de muchos pueblos indígenas y otra población local”.

Su campaña ‘Carbono de sangre’ hace referencia a los créditos de carbono y al impacto que estos tienen en los territorios y las vidas de los pueblos indígenas. Como explica Lola Rama, investigadora de Survival, “las grandes compañías y Gobiernos están impulsando políticas que les permiten seguir contaminando como hasta ahora mientras compensen en otros lugares del planeta”. Esto amenaza especialmente a los territorios indígenas, donde se encuentra la gran mayoría de zonas biodiversas del planeta.

Survival ha investigado ejemplos como el de la organización conservacionista MRT en un territorio seco y hostil del norte de Kenia que pertenece a tres pueblos pastoralistas. “Llevan generaciones con un tipo de pastoreo que persigue las lluvias por un territorio bastante grande, un territorio que es propio y que está reconocido”, cuenta Rama. Entonces la empresa encontró una oportunidad de negocio de créditos de carbono: con una base de “racismo y colonialismo”, la portavoz explica que la empresa llega con intención de explicar a estos pastores indígenas cómo “hacer bien” este tipo de pastoreo a cambio de vender créditos de carbono.

“Esto supone una violencia mucho más importante de la que pueda parecer, porque no existe ninguna evidencia de que esos pastores lo hicieran mal ni de que realmente se pueda vender capacidad de retención de dióxido de carbono acumulado”, denuncia Rama. La realidad es que, como dicen las propias víctimas, “están vendiendo su aire”.

Para Survival se trata de un “genocidio verde” por los cientos de casos de denuncias de violaciones en grupo a mujeres y niños, de quema de sus casas, de disparos a vista con la excusa del antifurtivismo…” Un racismo, en definitiva, en palabras de Rama, por parte de “organizaciones blancas” que roban territorios de pueblos indígenas con la excusa de proteger la naturaleza. “Quienes menos huella de carbono tienen, son expulsados y obligados a vivir en los márgenes de las sociedades mayoritarias”.