Víctimas de TCA denuncian la falta de unidades especializadas en la sanidad pública española

Madrid

Noelia comenzó a sufrir un Trastorno de la Conducta Alimentaria con 16 años, después de soportar comentarios sobre su físico a lo largo de su infancia. Ahora, con 22, critica la falta de unidades especializadas con las que cuenta la sanidad pública en España, un país en el que más de 400.000 personas, especialmente jóvenes, conviven con algún tipo de estos trastornos. "Por no disponer de este recurso en mi provincia no se me ha podido ofrecer", asegura. "He podido sobrevivir a estas malas rachas gracias a mi resiliencia y del apoyo psicológico semanal, que es privado".

Es la única opción que le ha quedado en un país en el que la mayor parte de comunidades autónomas cuentan con una o dos unidades especializadas, como es el caso de Andalucía, Galicia o Cantabria. Otras, como Canarias y el País Vasco, no cuentan con ningún recurso de la sanidad pública para combatir estos trastornos.

Si un paciente requiere ingreso hospitalario por anorexia, bulimia u otra enfermedad alimentaria, es derivado automáticamente a otra comunidad autónoma, viéndose obligado a dejar atrás a familia y amigos. "Si en el momento que más necesitamos de los nuestros nos alejan, puede hacer que nuestro estado anímico disminuya. Nadie debería estar a tanta distancia de sus seres queridos en el peor momento de su vida", explica Noelia.

"Nos ha cambiado la vida completamente"

Es una batalla que comparte con José Julián, original de Euskadi y padre de una niña con anorexia nerviosa. En su caso, la falta de unidades especializadas en su comunidad autónoma provocó que su hija fuese trasladada a Albacete, donde lleva dos años. "Nos ha cambiado la vida completamente", señala José Julián. "Tener a un familiar con este trastorno ya es un cambio, pero partir la familia por la mitad es un trastorno terrible. El otro hijo también nota que lleva dos años sin su madre".

En España, los ingresos hospitalarios por Trastornos de la Conducta Alimentaria aumentaron un 20% de 2021 a 2022, según asociaciones dedicadas a estas enfermedades. Aun así, para familiares y víctimas los recursos siguen siendo insuficientes. Además, si el traslado de una comunidad a otra se hace por la sanidad pública, el gasto es asumido por la propia comunidad. El problema recae en que, actualmente, las listas de espera son tan largas que a muchos pacientes los derivan a servicios privados. El gasto, en ese caso, deben asumirlo las familias. "Es un gasto inasumible porque después tienes que pasar de ahí a recuperar tu vida con planes de futuro", añade José Julián.

Ante esta situación, las familias, víctimas y asociaciones llevan exigiendo años una mejora y ampliación de los recursos con los que cuenta la sanidad pública para combatir los TCA en España. Critican que el país "no se puede permitir el lujo" de contar con una o dos unidades especializadas en comunidades que cuentan con más de ocho millones de ciudadanos, como es el caso de Andalucía.

Rafael Martínez es padre de Isabel, una niña de 16 años que falleció después de no recibir un tratamiento adecuado para la anorexia que sufría, entre otras causas. Ahora, lucha junto a otras víctimas para que la situación en España mejore y que los pacientes no tengan que ver su vida alterada por no contar con recursos suficientes. "Solo se necesita un edificio y que haya personal. Porque luego viene el día de la salud mental y mucha foto y brindis, pero después no se hace absolutamente nada", concluye.