Nueve vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP pactan una declaración en contra de la amnistía

Madrid

El pleno extraordinario del Poder Judicial se ha celebrado sin la asistencia del vocal progresista, Álvaro Cuesta, que ha cumplido su amenaza de no acudir a la cita, después de que el presidente suplente, Vicente Guilarte, le respondiera que tenía obligación legal de convocar este encuentro para debatir sobre una ley de amnistía que aún no se ha registrado en las Cortes y que el órgano de gobierno de los jueces no conoce.

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Esto no ha supuesto ningún obstáculo para que salga adelante una declaración institucional en contra de una hipotética ley del perdón. Ante la ausencia de Cuesta, bastaba con los ocho votos de los vocales elegidos a propuesta del PP que presentaron la declaración institucional. Sin embargo, han sumado al también conservador y magistrado del Tribunal Supremo, Wenceslao Olea. El texto mantiene que la amnistía es inconstitucional y que supone la "abolición del Estado de Derecho". Los consejeros también acusan a Pedro Sánchez de confundir su interés personal con el interés general de España. Las modificaciones acordadas para sumar a Olea, pasan por la legitimidad del órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi cinco años en funciones, para realizar este movimiento. Los nueve vocales afirman "tanto la legitimidad como la oportunidad para hacer ahora esta declaración". Consideran "absurdo" esperar a conocer el contenido de la ley cuando el Legislativo ha optado por la proposición de ley para que el Poder Judicial no pueda emitir informe. No es necesario conocer el contenido, subrayan, porque "lo sustancial ya ha sido anunciado por los diferentes responsables políticos, entre ellos algunos con responsabilidades pendientes de dilucidar ante los tribunales y que están negociando su propia exención de responsabilidad", en referencia a Carles Puigdemont. El órgano de gobierno de los jueces aprueba por mayoría de nueve votos que la amnistía "cercena de forma ostentosa los derechos fundamentales de los ciudadanos y las potestades que la Constitución reserva al Poder Judicial". Y señala que "el Parlamento no puede, por una mínima lógica constitucional, arrogarse al amparo de mayorías coyunturales incidir en concretas sentencias de los tribunales declarando su nulidad".

Cuesta cambia de criterio

La espantada de Álvaro Cuesta supone un giro de 180 grados, respecto a las declaraciones institucionales que ha debatido y, en su caso, aprobado el Consejo General del Poder Judicial en los diez años anteriores, cuando formaba parte de la comisión permanente, que constituyen los siete vocales con dedicación exclusiva y un sueldo por encima de los 100.000 euros anuales.

En aquella etapa, por ejemplo, en un pleno celebrado extraordinario celebrado en enero de 2020 para aprobar un texto que criticaba las declaraciones del entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que sostuvo que la justicia europea humillaba a los tribunales españoles a cuenta de la investigación del procés, apoyó la declaración porque era oportuna y moderada y no suponía una "confrontación contra el Gobierno".

Otras dos declaraciones institucionales apoyadas por este vocal elegido a propuesta de los socialistas fueron la que se aprobó contra otras declaraciones de Pablo Iglesias en las que atacó al tribunal que condenó a la dirigente de Podemos, Isa Serra, o la que se mostró contraria a la creación de una comisión por la violación de derechos fundamentales en Cataluña en 2017.

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Los argumentos en contra de los 4 vocales a propuesta del PSOE:

Quiero manifestar en ejercicio legítimo de mis funciones de Vocal del CGPJ mi rechazo a la propuesta de declaración institucional realizada por ocho vocales de esta Institución y que ha dado lugar a la celebración de este Pleno.

Poderosas son las razones para justificar mi voto en contra; quiero así denunciar la extravagancia de una propuesta consistente en instar un pronunciamiento institucional de naturaleza preventiva sobre una iniciativa legislativa que no se ha presentado, ni tan siquiera anunciado y cuyo contenido por consiguiente se desconoce, fuera por tanto de las competencias recogidas en los artículos 560 y ss de la LOPJ.

La realización por este órgano de pronunciamientos de naturaleza política, así como valoraciones sobre el encaje constitucional de una futura y no confirmada iniciativa legislativa de otro poder del estado, amparándose en la lícita preocupación que los firmantes acusan sobre las manifestaciones que haya podido realizar en una declaración ante el Comité Federal del PSOE el Presidente del Gobierno, no se justifica en modo alguno.

Los vocales firmantes no deben trasladar las preocupaciones y opiniones personales sobre cuestiones que están siendo objeto de un debate tan polarizado en la opinión pública al ámbito del órgano de gobierno de los jueces; con esta actitud se corre el grave riesgo de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los propios jueces y magistrados sobre el contenido de una norma que no existe y que , de aprobarse por el poder legislativo, el competente para hacerlo, se verán obligados a aplicar, o en su caso a someter a los controles constitucionales legalmente previstos.

La declaración institucional propuesta , con el argumento de proteger la independencia de los tribunales, daña su imagen, ya que su independencia está suficientemente garantizada, y tan solo consigue situar a este órgano de gobierno en un campo de batalla política al que nunca debe bajar por respeto y obligada protección de la imagen de independencia e imparcialidad de aquéllos a quienes gobernamos.