El acuerdo entre PSOE y Junts que despeja el camino para la investidura de Pedro Sánchez incluye una ley de amnistía para «procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». Según el documento, «esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos». Y apunta que en este sentido, «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». Respecto a la convocatoria de una consulta, el texto dice que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución y que el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya. Y en el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, «Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya. Y, por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años». Se acuerda también «la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia en su territorio». Y se garantiza la investidura de Pedro Sánchez, con el voto a favor de todos los diputados de Junts. Además, el acuerdo establece que la estabilidad de la legislatura queda sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo. Las dos formaciones explican que «asumen que a partir del resultado de las elecciones generales del 23 de julio existe una oportunidad que deben y tienen la voluntad de aprovechar de forma responsable». Explican que la resolución debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el de Junts, Jordi Turull ya han firmado el acuerdo.«El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura y hemos hablado de dar estabilidad durante 4 años», ha dicho. La ley de amnistía debe ser presentada ahora al resto de partidos: «Que la revisen y cuando esté firmado daremos a conocer los resultados. El objetivo final se ha conseguido. Estamos muy contentos con el pacto y Junts está muy contento con el pacto. Es un acuerdo satisfactorio por ambas partes».