La ley de amnistía incluye una cláusula para esquivar al Supremo

Madrid

La ley de amnistía se arma frente a los previsibles movimientos del Tribunal Supremo que ha investigado y enjuiciado el referéndum ilegal del 1 de octubre y que ha mantenido activas órdenes de detención europeas e internacionales contra Carles Puigdemont y el resto de fugados, pero que también mantiene en vigor las penas de inhabilitación contra Oriol Junqueras y el resto de dirigentes independentistas que fueron indultados por el Gobierno. El capítulo de efectos de la ley de amnistía recoge expresamente que cuando entre en vigor "quedan sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención. La entrada en vigor de esta ley implicará el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas respecto de acciones u omisiones amnistiadas en relación con las personas beneficiadas por la amnistía. En todo caso, se alzarán las citadas medidas cautelares incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones. Asimismo, supondrá la finalización de la ejecución de las penas impuestas por aquellas acciones u omisiones que hubieran sido amnistiadas.". Este artículo es un cláusula para evitar los efectos de la cuestión de inconstitucionalidad que se da por seguro que elevará el Tribunal Supremo antes de aplicar la ley de amnistía. Cuestión de inconstitucionalidad que, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, "originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión".

De esta forma, todas las medidas cautelares, las órdenes de detención en vigor contra Carles Puigdemont y el resto de fugados y y la ejecución de las penas que hayan sido acordadas en sentencia, como la inhabilitación de Oriol Junqueras, decaerán con la entrada en vigor de la ley con independencia de que el tribunal de garantías le haya dado o no su visto bueno. Sin embargo, advierten fuentes jurídicas, esta medida requiere la acción del juez. El Tribunal Supremo y el resto de órganos judiciales que investiguen las causas que se vean afectadas por la amnistía, tendrán que desactivar todas las medidas cautelares que estén en vigor contra los investigados, antes de elevar la cuestión de inconstitucionalidad. De esta forma, la intención de los grupos parlamentarios que firman el texto es que la ley del perdón despliegue sus efectos desde el mismo momento en que entre en vigor y la aplicación de la norma por parte de jueces y tribunales "se hará en un plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los recursos que no tendrán efectos suspensivos". La exposición de motivos lo justifica así "el carácter de ley singular que excepciona la aplicación de normas vigentes a los hechos acontecidos en un determinado contexto en aras del interés general deberá conllevar el inmediato alzamiento de las medidas cautelares que hubieran sido adoptadas, incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad, así como la finalización de la ejecución de las penas impuestas".

El Tribunal Constitucional acortará los plazos

El plazo medio del tribunal de garantías para resolver las cuestiones de inconstitucionalidad es de más de un año. Sin embargo, tal y como les adelantó la Cadena SER, fuentes del Tribunal Constitucional reconocen que una ley de amnistía tendría una indudable trascendencia constitucional por su afectación al interés general. De esta forma, dan por descontado que se dará la máxima prioridad a su tramitación si el Tribunal Supremo elevara la cuestión de inconstitucionalidad resolviendo, en un sentido o en otro, en un corto periodo de tiempo que estas fuentes no exceden de los tres meses.

Comunicado de la sala de gobierno del Tribunal Supremo

Por otro lado, la sala de gobierno del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts que las carreras judicial y fiscal han salido en tromba a criticar la semana pasada por el llamado lawfare o la judicialización de la política. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad:

1.- Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes.

2.- Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley.

3.- Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.