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PP y Ciudadanos mandan una carta a varios cargos de la UE para advertirles de la supuesta "degradación" de la democracia en España por la amnistía

Ambos partidos señalan en la misiva que el país está "al borde de una crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años" y piden a las instituciones europeas que muevan ficha

El líder del PP Alberto Núñez-Feijóo durante su intervención en la manifestación convocada por el PP contra la amnistía este domingo. / MARISCAL AGENCIA EFE (EFE)

Madrid

Partido Popular y Ciudadanos han enviado este lunes una carta a varios cargos de la Unión Europea y remitida en particular a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que advierten de lo que, a su juicio, es una supuesta degradación de la democracia en España por la ley de la amnistía. Los dos partidos de derecha se han comenzado a movilizar a nivel europeo sobre la norma, que se ha conocido este lunes y que ahora tiene que ser aprobada por el Congreso. En la carta, a la que ha tenido acceso la SER, ambas formaciones detallan que el país se encuentra "al borde de una crisis constitucional y política más importante de los últimos seis años".

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Afirman que con el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts se marca "el inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho". En el texto, aseguran que Sánchez ha cedido a las "exigencia del independentismo catalán" a cambio de siete votos para ser presidente. "Esta amnistía supone una grave vulneración del Estado de Derecho y de la separación de poderes y va en contra de las decisiones judiciales independientes. El objetivo de la misma es revocar los procedimientos judiciales y las sanciones pendientes de aproximadamente 3.000 personas. Se incluyen delitos cometidos hasta hace una década entre los que figuran actos de corrupción y terrorismo", añaden.

La carta, que se extiende a dos hojas aproximadamente, PP y Ciudadanos critican la creación de comisiones para investigar el posible lawfare. "Todas las asociaciones, españolas de jueces, desde las más progresistas a las más conservadoras (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) emitieron un comunicado conjunto para rechazar las referencias a la 'lawfare o judicialización de la política' y sus consecuencias", aseveran. Posteriormente, pasan a relatar todos los organismos que se han opuesto a la misma, como los fiscales, el Consejo del Poder judicial o los inspectores de Hacienda.

Hora 14 (13/11/2023) | Los detalles de la ley de amnistía

30:00

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"El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone una deslegitimación de facto del poder judicial y una quiebra del principio de igualdad ante la ley". Y hacen hincapié también a que está creando una "enorme tensión social", en referencia a las manifestaciones y protestas que se llevan sucediendo varios días en España. "Instamos a las instituciones europeas a monitorizar y seguir los desarrollos relacionados con las preocupaciones planteadas por todos estos grupos especializados y la ley de amnistía en general, en línea con el trabajo del Comisario de Justicia Sr. Reynders, tal y como se expresa en la carta al Gobierno español firmada el 8 de noviembre de 2023. La Unión Europea debe salvaguardar los principios y valores fundacionales y tomar medidas para proteger nuestro Estado de Derecho en virtud de los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea", concluyen.

Antes de finalizar la misiva, que está firmada por diputados europeos del PP y de Ciudadanos, añaden en los anexos todas las instituciones, organizaciones de todos los ámbitos (judicial, funcionarios del Estado, de seguridad o académicos) y también a algunos Gobiernos autonómicos que se han opuesto a la ley desde que se conoció su existencia.

La carta ha sido remitida, además de a Von der Leyen, a altos cargos de la UE, a comisarios como a Margrethe Vestager, a Josep Borrell o a Didier Reynders, también a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a otros representantes de partidos políticos o representantes permanentes.

 
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