Preguntas y respuestas sobre la amnistía: ¿cuándo podrá regresar Puigdemont a España y a quién afecta la ley?
La fórmula pactada por el PSOE con sus socios para sacar adelante su investidura resuelve las dudas sobre el futuro de Puigdemont y los condenados
Puigdemont y más de 300 personas se beneficiarán de la nueva ley de amnistía / Thierry Monasse
Madrid
La ley de amnistía, que fue registrada este lunes en el Congreso por el PSOE, no sólo cubre los delitos vinculados a las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, sino que va más allá en el tiempo, alcanzando las responsabilidades de las decisiones y acciones llevadas a cabo desde 2012 hasta la actualidad.
Más información
La iniciativa, que ha sido clave para abrirle la puerta de la Moncloa a Pedro Sánchez, ha estado en el centro de la polémica desde que se anunciase las negociaciones con los catalanes, afronta una larga tramitación parlamentaria. La nueva ley de amnistía abre un escenario de preguntas e interrogantes sobre su aplicación, sus consecuencias y sus beneficiados que pueden condicionar sus efectos. Repasamos todos los detalles del documento y resolvemos algunas de las dudas más recurrentes.
¿En qué se diferencia del indulto?
El Diccionario panhispánico del español jurídico explica que la amnistía "tiene naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario, como el término de una guerra civil o un período de excepción". La amnistía borra también los antecedentes penales de los afectados. Ambas son formas de ejercicio del derecho de gracia, pero el indulto lo concede el Gobierno en un decreto motivado a título individual y no borra el delito, sino la pena, mientras que la amnistía requiere de la aprobación de una ley orgánica por el Parlamento (Congreso y Senado), se aplica a un grupo de personas y elimina los antecedentes.
Àngels Barceló: "Todo el mundo debería ser capaz de confrontar la ley de amnistía con argumentos; si no este país ya no tiene remedio"
02:42
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1699947986588/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
¿Se puede recurrir?
Sí, la amnistía es recurrible ante el Constitucional por grupos parlamentarios -solo podría el PP y ya ha anunciado que lo hará- y por comunidades autónomas -varias gobernadas por los populares están dispuestas a ello-. También por parte del Defensor del Pueblo.
¿Qué pueden hacer los juzgados y tribunales?
Los jueces disponen de dos meses para aplicar la ley una vez aprobada. Sin embargo, cualquier juez que haya dictado sentencia o instruya un procedimiento vinculado con los hechos que recoge la ley y que dude de la constitucionalidad de la norma, puede plantearlo así ante el Tribunal Constitucional vía cuestión de inconstitucionalidad o a Europa vía cuestión prejudicial.
Más información
¿La ley se puede suspender?
Sí, hay dos opciones. Si se trata de un recurso de amparo, como el que presentará el PP, la suspensión de la norma no es automática, sino que tendría que pedirse como medida cautelar y que el TC la acordase. En cambio, si es un juez o tribunal quien acude a la corte de garantías o al Tribunal de Justicia de la UE, se acuerda la suspensión de los procesos judiciales que afecten al tribunal que pida la impugnación en cuestión. Ahora bien, las impugnaciones de los jueces suspenderían solo la resolución del proceso judicial, esto es, el archivo, pero no las medidas cautelares pendientes que deberán quedar sin efecto, como por ejemplo las órdenes de detención e ingreso en prisión.
¿A quién afecta la amnistía?
La medida de gracia podría afectar a más de 300 personas, entre condenadas, procesadas o investigadas por actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. El marco temporal abarca una década, del 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023. Entre los beneficiados estarían no solo los líderes independentistas, sino también funcionarios públicos, alcaldes, directores de colegios que colocaron las urnas y manifestantes. Además, se aplicaría a 73 agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. La norma excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y los casos de torturas graves.
¿Puigdemont puede regresar ya a España?
Sí. Hay dos escenarios. Si el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional archivan su causa y no acuden al Constitucional ni a Europa, Puigdemont queda exculpado de toda responsabilidad penal y puede regresar a España. Su situación sería exactamente igual que antes del procés. Si estos tribunales sí dudan de la constitucionalidad de la ley, no sería amnistiado de inmediato, puesto que el proceso judicial quedaría suspendido. Sin embargo, como la ley obliga a dejar sin efecto las medidas cautelares pendientes, aun cuando se impugne ante el TC, en su caso, orden de detención nacional, nada le impediría regresar a España sin ser detenido.
¿Pueden presentarse a las próximas elecciones catalanas?
Sí, porque la ley prevé efectos automáticos y orden de detención decae, pero también la inhabilitación. Aquellos que no están inhabilitados —como Puigdemont y el resto de fugados— sí podrían concurrir a los comicios aunque el TC no hubiera emitido su fallo. En el caso de los otros líderes independentistas que no podrían presentarse —como es el caso del líder de ERC, Oriol Junqueras— también podrían ser candidatos porque su inhabilitación decae desde el momento en el que entre la ley en vigor.
La metáfora de Francino para referirse a lo que está pasando en España y a lo que debería pasar
02:23
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1699892766074/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
¿Cuándo y cómo entra en vigor la ley?
La proposición de ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los tribunales y los órganos administrativos y contables implicados, con casos vinculados al procés, deberán aplicarla con carácter "preferente y urgente" en un plazo máximo de dos meses.
