¿Se juzgarán los crímenes de guerra de Israel?

La Corte Penal Internacional podría emitir inmediatamente órdenes de detención intencionales contra los ministros israelíes que han incitado a la violencia al hablar de los palestinos como animales o amenazando con una segunda Nakba. Estos crímenes “no necesitan ningún tipo de investigación, ni ir sobre el territorio, porque ya existe una jurisprudencia internacional que permite perseguirlos”. Es la valoración que hace el abogado Juan Branco, quien, junto a otros colegas, ha anunciado que representará pro-bono a palestinos y europeos víctimas de crímenes de guerra o contra la humanidad.

El abogado señala con nombres y apellidos a quienes deberían ser sentados en un futuro ante el Tribunal Internacional: desde el ministro de Agricultura de Israel, Avi Dichter, y el de defensa, Yoav Gallant al propio Primer Ministro Benjamin Netanyahu. Y añade, “en un mundo ideal podríamos investigar la responsabilidad de los jefes de las Fuerzas Armadas de Israel para determinar cómo y quién ha dado órdenes en relación a bombardeos aéreos que han causado a veces hasta centenares de víctimas de una sola vez”. Sin embargo, reconoce que es casi imposible por la falta de acceso a jurisdicciones extranjeras y a los circuitos de decisión internos de Israel.

Además, Branco apunta a otras responsabilidades internacionales como las de ciertos asesores de Estados Unidos que están implicados en la guerra actual aconsejando y guiando a las autoridades israelíes, así como mercenarios, algunos españoles, que han participado en las operaciones de manera indirecta.

Su experiencia con este tipo de delitos es extensa. Branco ha formado parte de los equipos de defensa legal de Julian Assange y del líder opositor senegalés Ousmane Sonko. Ante las atrocidades que lleva más de un mes cometiendo Israel en Gaza como respuesta al atentado de Hamás del 7 de octubre, el abogado trabaja también en casos piloto, recopilando “datos muy precisos” sobre bombardeos como el del inmueble Al Andalus, en el que fueron bombardeados civiles sin previo aviso el 6 de noviembre, para buscar responsabilidades penales y criminales.

En las últimas semanas, cerca de 300 abogados y más de un centenar de ONG han presentado una demanda ante la CPI para que se investigue a Israel por genocidio. Este tribunal tiene, desde 2014, competencia en los territorios palestinos, lo que le habría permitido actuar para disuadir a las autoridades de Israel, por eso el abogado señala su responsabilidad. “Ha creado un sentimiento de impunidad muy fuerte”, dice.

“La relación tan particular que tienen Israel y Estados Unidos les da una gran protección a los dirigentes de Israel y ha llevado a un círculo de impunidad que ha causado estas estas atrocidades, pero eso no debe servir de excusa. El fiscal de la Corte Penal Internacional no tiene excusas porque sean cuales sean las presiones que ha recibido, él tenía un deber moral y jurídico que consistía en abrir la investigación inmediatamente”, subraya Branco.

Su objetivo es llevar ante la corte los testimonios de víctimas individuales en varios países para “activar a través de la competencia universal procedimientos en Europa que impidan a dirigentes israelíes simplemente poder poner un pie en territorios europeos y de esa manera sancionarlos por sus crímenes”. Una veintena de víctimas y familiares de víctimas de los crímenes en Gaza ya se han puesto en contacto con ellos. Aunque su trabajo no está siendo sencillo. Han sufrido interrupciones en sus líneas de comunicación con las víctimas que sospechan que proceden de Israel. Por eso priorizan las jurisdicciones nacionales en Europa que les permitan montar casos sólidos instruidos por jueces menos presionados. Pero encontrar a estas víctimas y que accedas a dar su testimonio es más complicado.

Branco no puede asegurar que se haga justicia sobre la masacre de Israel en Gaza, pero sí garantiza que la apertura de procedimientos efectivos sobre estos hechos tendrá “un efecto disuasivo muy fuerte y permitirá salvar muchas vidas humanas”.