Bolaños asume Justicia en plena ofensiva de jueces y fiscales en contra de los acuerdos con Junts

MADRID

Félix Bolaños asume oficialmente una cartera conocida. Bolaños ya lideró en la pasada legislatura los grandes asuntos judiciales: la reforma de los delitos de sedición y malversación, la renovación del Consejo del Poder Judicial que el PP hizo descarrilar en el último minuto, la proposición de ley de amnistía o las rebajas de condena por la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.

El hombre fuerte del Gobierno suma la cartera de Justicia a la de Presidencia y tendrá por delante el difícil reto de reconstruir puentes con las carreras judicial y fiscal que están encendidas por el pacto PSOE - Junts que incluye el llamado 'lawfare' y por el proyecto de ley de amnistía. Todas las asociaciones suscribieron un comunicado en contra del 'lawfare' porque entienden que supone una revisión de decisiones estrictamente judiciales por parte del poder político vulnerando el principio de separación de poderes. Hubo comunicado de las asociaciones, pero también de la sala de gobierno del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. La respuesta ha llegado hasta con la convocatoria de concentraciones de jueces en Andalucía y Castilla León de las que se han desmarcado las asociaciones progresistas de jueces y fiscales.

La aplicación de la ley de amnistía

Félix Bolaños tendrá que defender desde su nueva cartera la aplicación de la ley de amnistía cuando haya sido aprobada por las Cortes. Una ley de la que pueden beneficiarse alrededor de 400 encausados y que vinculará a juzgados y tribunales en general, pero al Tribunal Supremo en particular. El alto tribunal instruye la causa que afecta a los líderes del referéndum ilegal del 1 de octubre y esta nueva ley despliega sus efectos desde el mismo momento en que entre en vigor. Las órdenes de detención contra Carles Puigdemont y la condena por inhabilitación contra Oriol Junqueras decaerán, según el texto, aunque el alto tribunal presente la cuestión de inconstitucionalidad que la legislación vigente recoge expresamente que paraliza los efectos de cualquier ley sobre la que un juez tenga dudas hasta que el Tribunal Constitucionalidad se pronuncie sobre su encaje dentro de la Constitución. En este punto no ha habido, de momento, pronunciamiento de las asociaciones judiciales, ni de la sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Solo la Unión Progresista de Fiscales ha dicho públicamente que este proyecto legislativo es un asunto político y que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Sin embargo, sí que han aplaudido algunas referencias que figuran en la exposición de motivos. Solo el Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración institucional en contra del texto cuando ni siquiera se conocía. La mayoría de vocales, elegidos a propuesta del PP, consideró que suponía la abolición del Estado de Derecho.

Renovación del CGPJ

Las asociaciones judiciales de Francisco de Vitoria y de Jueces y Juezas para la Democracia ya han valorado la elección de Félix Bolaños. Ambos colectivos recuerdan al nuevo titular la necesidad de renovar el Consejo del Poder Judicial que el Partido Popular paraliza desde hace cinco años. La Asociación Francisco de Vitoria aplaude la unión de los Ministerios de Presidencia y Justicia porque entienden que "puede ser un síntoma positivo para conseguir respuestas rápidas a los acuerdos en materia de Justicia". Sin embargo, otras fuentes judiciales más conservadoras no lo ven con buenos ojos porque entienden que juntar Presidencia y Justicia vulnera el principio de separación de poderes. La mayoritaria asociación conservadora de la APM ha declinado valorar el nombramiento de Bolaños. Desde otros colectivos, el Consejo General de Procuradores de España da la bienvenida al Ministro de Justicia, Félix Bolaños y reitera su permanente apoyo de colaboración para un mejor funcionamiento de la justicia española.