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Política | Actualidad

Los Letrados del Congreso dan luz verde a la tramitación de la ley de amnistía

En el informe sobre la iniciativa, que mañana tiene que estudiar la Mesa y al que ha tenido acceso la Cadena SER, los servicios jurídicos de la Cámara defienden que no existe una contradicción evidente y palmaria con la Carta Magna aunque dejan a la interpretación del TC “otros posibles motivos de inconstitucionalidad”

Puigdemont

Puigdemont / Thierry Monasse

Madrid

La proposición de ley de amnistía registrada por el PSOE y pactada con ERC y Junts a cambio del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez iniciará su trámite parlamentario con el aval de los servicios jurídicos del Congreso.

El informe elaborado por el cuerpo de letrados de la Cámara y que se estudiará mañana en la Mesa, da luz verde a la tramitación. Los juristas argumentan que la iniciativa carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite para el debate por parte de los grupos políticos.

El documento, de más de veinte páginas, y al que ha tenido acceso la SER contiene siete conclusiones. La primera es que la calificación de las iniciativas por parte del órgano de Gobierno de la Cámara no está pensada como una primera instancia judicial, ni configurado como "un control previo de constitucionalidad". Solo en casos muy concretos y excepcionales, la Mesa puede paralizar la tramitación de una iniciativa. Por ejemplo, explican, cuando el contenido de la misma se encuentre viciado por una inconstitucionalidad “palmaria y evidente” o que la admisión constituya un “incumplimiento manifiesto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional”. Los letrados no ven ninguna de esas dos circunstancias en esta proposición de ley.

El equipo de juristas que lidera desde este mes Fernando Galindo, y al que el PP ha pedido recusar por una presunta incompatibilidad con el cargo (los populares denuncian su paso por el Ministerio de Política Territorial y su relación personal con la exdirectora general de Relaciones con las Cortes) observa una diferencia clara entre la iniciativa registrada ahora y la que presentaron los grupos parlamentarios independentistas, Esquerra Republicana y Junts per Cataluña en el año 2021. Recuerdan que en esa ocasión la propuesta estaba concebida como un indulto general. Ahora, argumentan, el texto registrado “cuenta con elementos que la diferencian” de aquella y que permiten afirmar que no existe en este caso esa contradicción con la prohibición de conceder indultos generales prevista en el artículo 62 de la Carta Magna.

En el punto quinto de las conclusiones presentadas por los juristas se advierte de que la doctrina, analizada ampliamente en el informe, observa posibles motivos de inconstitucionalidad en los que se puede incurrir al aprobar una ley de amnistía. Los letrados ponen el acento en el cumplimiento del principio de igualdad. Pero en ese mismo párrafo los servicios de la Cámara confirman que para el análisis de esas circunstancias "sería necesario contar con doctrina del Tribunal Constitucional que no se ha dictado aún". Y además, añaden que "estos incumplimientos no se derivarían de ningún precepto de la Carta Magna, sino de una interpretación de los mismos aplicada a la figura de la amnistía que debería llevar a cabo el Alto Tribunal".

En consecuencia, los letrados aseguran que "no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia parámetros suficientes para determinar su se produce una contradicción evidente y palmaria" con la misma. No obstante, recuerdan que es competencia de la Mesa de la Cámara, en el ejercicio de sus funciones de calificación, "decidir sobre esta cuestión". La intención es que el órgano de gobierno del Congreso, en el que están representados PSOE, PP y Sumar y donde los grupos de izquierdas tienen mayoría, avale mañana de manera definitiva la tramitación de la futura norma para que los grupos parlamentarios puedan debatir en Pleno su toma en consideración. Los de Feijóo han pedido que se paralice el trámite y VOX ha anunciado que presentará querellas por prevaricación contra los letrados redactores del informe y los miembros de la Mesa que voten a favor de su admisión.

 
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