El Poder Judicial cumple cinco años en funciones por el bloqueo del PP

MADRID

El Consejo General del Poder Judicial cumple cinco años en funciones bajo el dominio de una mayoría conservadora que se ha ampliado como consecuencia de las bajas que se han producido en estos últimos años. El órgano de gobierno de los jueces más desprestigiado de la historia cuenta con 16 de sus 21 miembros originales -entre dimisiones, jubilaciones y fallecimientos- y ya va por el segundo presidente suplente. La situación es tan anormal que el Poder Judicial está inmerso en una bicefalia. Hay un presidente en funciones en el Tribunal Supremo y otro presidente en funciones en el Consejo.

El origen de esta crisis sin precedentes en el Poder Judicial está en el rechazo del Partido Popular a renovarlo. Primero bajo el mandato de Pablo Casado y ahora con Alberto Núñez Feijóo. El PSOE y los partidos que le apoyan reformaron en marzo de 2021 la ley para impedir que este órgano pudiera hacer nombramientos cuando estuviera en funciones. El objetivo era tratar de forzar la renovación, pero las consecuencias desde entonces ha sido devastadoras. 85 plazas judiciales están sin cubrir. 23 de ellas en el Tribunal Supremo, lo que supone el 33% del total de su plantilla. Las salas tercera y cuarta están bajo mínimos y tiran de letrados para redactar las sentencias sobre las que ya hay una jurisprudencia consolidada. La sala de lo contencioso administrativo rota a sus magistrados para poder formar tribunal con sus cinco miembros. Y la sala de lo social tiene sin cubrir casi el 50% de la plantilla.

La situación se ha agravado aún más en los últimos meses. Las fuentes jurídicas consultadas alertan del giro del órgano de gobierno de los jueces que se ha convertido en un agente político. En las últimas semanas ha aprobado una declaración institucional contra la proposición de ley de amnistía cuando ni siquiera se conocía, una segunda por el 'lawfare' suscrito entre Junts y PSOE. Documentos que el vocal elegido a propuesta del PP, José María Macías, ha decidido enviar a las más altas instituciones europeas con una carta que más parecía escrita en Génova que en la calle Marqués de la Ensenada. Además, por primera vez en Democracia, el Consejo se ha negado a otorgar la confianza a un Fiscal General del Estado a quien han acusado de compartir los postulados de los promotores de las comisiones de investigación para denunciar el usos de la Justicia con fines partidistas.

Este es el presente, pero el futuro es peor. El PP ya ha respondido a la nueva llamada al diálogo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para sentarse a negociar. Moncloa descarta un cambio legal para rebajar la mayoría de 3/5, pero nada de esto apacigua al Partido Popular que se mantiene enrocado en su idea de no renovar al órgano de gobierno de los jueces.