Marta Santos: “La impunidad tiene un precio. Con el silencio es más fácil cometer crímenes de guerra”

Las prácticas de Israel en Gaza son indudablemente crímenes de guerra que ponen en riesgo toda la región, en opinión de la abogada internacional Marta Santos, galardonada con el Premio René Cassin de derechos humanos. “Estamos muy preocupados porque el sentimiento de impunidad cuando pasan situaciones como esta, puede dar la impresión de que es legítimo agredir un pueblo indefenso, inocente, y que eso no tiene costo futuro”.

Preocupada por la trágica situación humanitaria en la Franja, la jurista experta en derechos humanos lamenta especialmente la falta de acceso de las organizaciones humanitarias para ayudar a la población, sobre todo a los niños, que sufren un enorme riesgo para su salud. Aun así, vive con esperanza que se pueda alcanzar una solución para la paz acompañada de una “responsabilidad pública a nivel nacional e internacional” que ayude a castigar a los responsables de esos crímenes.

El veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir un alto el fuego en Gaza deja en mal lugar a la organización internacional. Sin embargo, Santos, gran conocedora de la labor de la ONU tras 30 años trabajando con ella, insiste en distinguir lo que ocurre en el Consejo de Seguridad del trabajo y compromiso en el seno del sistema de Naciones Unidas. “La asistencia humanitaria, que sigue siendo garantizada, aunque con muchas limitaciones, es de la más grande importancia para la población”, subraya.

Pese al veto, dice, “todos sentimos lo que dijo el Secretario General de Naciones Unidas: yo no desisto, no desistimos. Ninguno de nosotros como sociedad civil, como los miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, como los miembros de las organizaciones de Naciones Unidas y Estados miembros del Sistema de Naciones Unidas, que siguen utilizando todos los medios posibles para llegar a la paz y a la asistencia humanitaria”. Por eso mantiene la esperanza en que la movilización de la opinión pública y la presión de los Estados amigos lleven a esa solución.

La jurista se niega a aceptar una devaluación de la legalidad internacional. Señala el importante papel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para la guerra en Ucrania con la rápida activación de los mecanismos de protección de derechos humanos, y confía en que también lo será en Gaza. “Tenemos muchísimos actores que están acordando y trabajando en conjunto para que la impunidad no pueda persistir y podamos hacer valer el valor del derecho internacional y de los derechos humanos”, asegura Santos.

“La impunidad tiene un precio y, sobre todo, crea en la sociedad en general el temor, el miedo, el silencio... Cuando hay silencio, y con la pasividad e indiferencia, es más fácil aún cometer crímenes de guerra e incluso genocidio, como hemos visto en otros momentos de la historia, y no podemos permitir que eso pase”, añade. La abogada cree que es más fuerte “el enemigo que calla y no condena” los crímenes de guerra que el militar que empuña las armas.

Avanza la abolición de la pena de muerte

Desde la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte (ICDP), Marta Santos lleva años volcada en la abolición de esta pena en todo el mundo, un ámbito en el que celebra algunos avances. “Un número creciente de países está introduciendo legislación o adoptando moratorias para abolir la pena capital”, anuncia. Son fundamentalmente países africanos, como Chad, Ghana, Zambia, República Centroafricana, Sierra Leona, y Guinea Ecuatorial, y asiáticos como Kazajistán y Papúa Nueva Guinea.

Además, esperan que otros se sumen en un futuro próximo. Santos celebra que dentro de los países “existe una conciencia creciente de la existencia de alternativas a la pena capital” y de que ésta “no ayuda a disminuir el nivel de crímenes en la sociedad”. Como resultado, se adoptó en la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución periódica llamando al establecimiento de una moratoria de las ejecuciones en muchos países, y esto, dice, les da “mucha esperanza”.

Sin embargo, las preocupaciones siguen existiendo en tanto que todavía hay países que mantienen la pena de muerte como una sanción legítima, incluso en los que es un secreto de Estado el nombre de los ejecutados, y en los que no hay transparencia ni se salvaguarda el derecho a un juicio imparcial. “Las mujeres en muchos países son condenadas a la pena capital por estar involucradas en crímenes asociados a la violencia de género. Y una preocupación muy profunda es el hecho de que hay países que continúan aplicando la pena de muerte a personas menores de edad”, subraya la jurista.

El peligro está ahora en las fuerzas políticas reaccionarias que, especialmente en Occidente, están planteando la reintroducción de la pena de muerte como medida punitiva para algunos delitos. “Lo escuchamos, por ejemplo, en Rusia hace dos años”, recuerda la abogada. Una medida que no se concretó gracias a la presión internacional. También en Estados Unidos algunos candidatos plantean la posibilidad de volver a reproducir la pena de muerte en Estados que la habían abolido. “Es un riesgo constante y por eso tenemos que seguir muy alerta y muy decididos a intervenir y movilizar las voces que nos puedan ayudar”. Se refiere a las voces de las propias familias de las víctimas que reconocen que la pena capital no les va a devolver la vida de su familiar.

Como alternativa, insiste Santos, “tenemos que seguir luchando y promoviendo en todo el mundo el recurso a medidas alternativas, sea de justicia restaurativa, sea de medidas de privación de libertad por largos tiempos”.