El Constitucional de Uganda revisa la ley contra la homosexualidad que incluye la pena de muerte para gays, lesbianas y transexuales

Madrid

El Tribunal Constitucional de Uganda ha abierto causa tras una denuncia que impugna la ley contra la homosexualidad vigente en ese país desde mayo. Esa ley impone castigos que pueden llegar a la pena de muerte por actos entre personas del mismo sexo. Esa ley ha sido llevada ante el alto tribunal por un grupo de individuos y organizaciones de derechos humanos argumentando que viola los derechos constitucionales y las libertades esenciales del individuo.

Dicen que la Comisión Parlamentaria que aprobó esa ley no se tomó el tiempo necesario para debatirla, tampoco para examinarla, y no permitió que en su elaboración se escucharan participaciones públicas o ciudadanas significativas.

Los denunciantes quieren que esa ley, que ya ha provocado sanciones internacionales contra Uganda, sea declarada inconstitucional y además anulada. Dicen que viola un amplio abanico de derechos y libertades constitucionales, incluido el derecho a la no discriminación, a la igualdad, a la dignidad, a la privacidad y el derecho de asociación y de expresión. En esa ley está escrito que la homosexualidad puede llegar a ser castigada con la pena de muerte.

Mientras este tribunal de Kampala escucha la impugnación de esa ley, que desde mayo ha impugnado a siete personas acusadas de homosexualidad (incluidos dos presuntos delitos que conllevan la pena de muerte) hay muchos más que han sufrido tortura, intimidación, desalojo por parte de otros ciudadanos, y abuso sexual, según un informe que ha publicado hace apenas unas semanas varios grupos contra La Ley Anti-Homosexualidad, la llamada AHA.

El gobierno dice que la AHA se ha establecido para criminalizar la actividad homosexual y su promoción, pero no a penalizar a los ugandeses LGTBI. Pero lo cierto es que muchos de los recogidos en ese informe de las organizaciones LGTBI hablan de ciudadanos que han sido despedidos de sus puestos de trabajo tras conocerse su condición homosexual con el argumento de que pueden dañar la imagen de la empresa.

Algunos sufren la violencia en sus propias familias. Un joven que ahora tiene 22 años, y cuyo caso se recoge en el informe de la asociación LGTBI, fue repudiado por su propia familia tras intentar quemarle los genitales en varias ocasiones. Este mismo muchacho fue drogado y violado por un hombre que había conocido en un restaurante en una cita. Lo dejó tirado en una cuneta con golpes por todo el cuerpo y no lo denunció ni pidió ayuda médica para no sufrir un daño mayor.

Muchos de ellos tienen pensamientos suicidas, depresivos y se sienten muy solos.