El Congreso aprueba debatir una reforma del Código Penal para despenalizar las injurias al rey

El Congreso ha tomado este martes en consideración una proposición de ley de reforma del Código Penal, presentada por Sumar, para eliminar los delitos de injurias a la Corona, ultraje a los símbolos nacionales, enaltecimiento del terrorismo y ofensa a los sentimientos religiosos.

La decisión de debatir la iniciativa salió adelante en el Pleno de la Cámara Baja con 177 votos a favor y 169 en contra. Respaldaron la tramitación PSOE, Sumar y los partidos independentistas, mientras que la rechazaron PP y Vox.

Presentó la proposición el portavoz de Interior y Justicia de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien describió los delitos que pretende eliminar la iniciativa como "una anomalía democrática" provocada por la reforma del Código Penal de 2015. Por ello, pidió a todos los grupos que "pierdan el miedo" a comportamientos que no tienen "más finalidad que la cómica" o son "simples críticas".

Recordó que en la democracia prima "la mínima intervención del Derecho Penal", cuando "existen otras vías civiles de defensa del derecho al honor o la rectificación", y que "no puede restringirse el debate o la participación política". También llamó "integrismo" penar las ofensas a la religión y citó sentencias de tribunales europeos que han condenado a España por aplicar sentencias contra injurias al Rey o a la patria, que juzga inevitables en el debate democrático.

Santiago criticó que todos estos penales son "imprecisos" y, por tanto, han dado lugar a una "aplicación errática", y pidió acabar con la "vergüenza permanente" de las condenas internacionales a España y adaptar el Código Penal a los de otros países occidentales, que no contemplan estos delitos. Finalmente, sobre el enaltecimiento del terrorismo subrayó que se ha aplicado a raperos y que también puede colisionar con la libertad de expresión, mucho más cuando ya no existe ETA. Según dijo, lo utilizó el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para "tapar los desmanes de su Ministerio".

El portavoz de Sumar terminó señalando que las autoridades no pueden limitar la libertad de expresión, de reunión o de participación política porque incomode al jefe del Estado, y pidiendo a los diputados que España se instale en el escenario de protección de los derechos y libertades, en el que aseguró que ya están "todos los países de nuestro entorno".

Vox asegura que el objetivo es defender los homenajes a etarras

Vox solicitó el turno en contra, y en su nombre, el diputado José María Figaredo, ironizó que Santiago, con "cara de cordero degollado", había dado una "clase magistral de tolerancia y entendimiento" cuando él es un comunista defensor de grupos terroristas como las FARC, en cuyo proceso de paz participó. Le atribuyó querer aplicar una ley del embudo con la que callar a la oposición y, en cambio, tener derecho a todo tipo de declaraciones.

Figaredo subrayó que los delitos de ofensa religiosa o enaltecimiento del terrorismo solo se aplican a quienes tienen "intención de humillar" a otra persona, y dudó de que España sea un país mejor si se permiten estos comportamientos. Criticó que Sumar pretenda presentar a España como un país totalitario, cuando es uno de los que menos protege sus propios símbolos; en Alemania, constató, hay cárcel para quienes mancillen su bandera, con delito agravado para quienes ostenten cargo público.

El diputado de Vox acusó a Sumar de defender los homenajes a etarras o la agresión a policías, mientras que se "raja las vestiduras" con manifestaciones pacíficas como las de Ferraz o cuando alguien reza ante una clínica abortiva. "Al adversario, la cárcel, y a los míos barra libre", sintetizó, situando al PSOE junto a Sumar en un supuesto intento de crear un nuevo régimen en el que tengan "poder omnímodo"; un intento con el que van "colonizando todas las instituciones del Estado" y silenciando todas las voces discordantes al "pensamiento único" en un "golpe de Estado desde La Moncloa"

Santiago, a Vox: "Ofende quien puede"

Santiago replicó a Figaredo que el "ataque personal demuestra la falta de un solo argumento" y que "ofende quien puede". Aseguró que la reforma que propone Sumar le vendrá muy bien al propio Vox cuando critica a la monarquía y la Constitución, insinuó que las instituciones europeas deben de ser también bolcheviques con sus condenas a sentencias españolas por estos delitos. "Nosotros somos gentes de orden", abanderó el ponente de la iniciativa pidiéndole argumentos más rigurosos para enriquecer el debate.

Figaredo contrarreplicó llamando al Gobierno a perseguir a los "verdaderos criminales", y, frente a la acusación de ataques personales, le imputó los ataques a jueces por parte de Junts, mientras Santiago, desde su escaño, hacía gestos de que él no había tenido nada que ver con eso. Al repetir la acusación de que él fuera abogado de las FARC, Santiago pidió el turno por alusiones para desmentirlo y matizar que solo fue asesor en un proceso que ganó un premio Nobel de la paz.

El resto de grupos parlamentarios se limitaron a fijar posición. Por el PP, Sergio Sayas interpretó que Sumar quería "dar impunidad al odio", porque la libertad de expresión está "plenamente garantizada en la Constitución". "El problema que tiene la democracia no es la ley, son ustedes", aseguró, reprochando al Gobierno los indultos, la amnistía, los ataques a los jueces y los pactos con EH Bildu.

Sayas dijo que en países europeos existen delitos de injurias a las instituciones del Estado, mientras que lo que no hay son Gobiernos con comunistas y apoyados por golpistas y terroristas. "El PSOE se ha convertido en protagonista de la indecencia", sentenció, lamentando que "la novedad" es que el ataque a la democracia que a su juicio supone el ataque al Estado es que lo apadrina el propio Gobierno con el "aplauso" de "los delincuentes", porque ese partido se ha quedado en 'PS', "el partido de Pedro Sánchez".

En nombre del PSOE intervino Isaura Leal, quien defendió que la libertad de expresión es "consustancial a la democracia", pero matizó que no es un derecho absoluto, sino que lo limitan la veracidad y otros derechos con los que pueda colisionar. Conlleva, señaló, "derechos y responsabilidades", y apeló a la jurisdicción europea, pero también la citó para recordar las condenas a España de los que había hablado Santiago.

Leal reclamó un "debate sosegado" sobre la cuestión, y fijó como criterios para ello el consenso y la distancia de posiciones extremistas y maximalistas. En esa línea, llamó al PP a alejarse de Vox, que a su juicio este partido contamina el debate público, pues la Constitución no ampara el derecho al insulto ni instar al odio, la violencia o a la humillación de víctimas. En suma, anunció el apoyo a la admisión a trámite, pero avanzó que el PSOE defenderá en su tramitación el respeto a las instituciones y a las víctimas, cuya protección "debe prevalecer sobre otro objetivo".

Por parte de ERC, Pilar Vallugera se asombró de que hubiera habido turno de voto en contra a la iniciativa y dijo detectar una "doble vara de medir" cuando quienes incurren en estos comportamientos. También se mofó de la derecha cuando piden retirar del Diario de Sesiones algunas críticas. Aseguró que a ella no le importa si alguien quema una bandera catalana, en vez de española, o critica al presidente de la Generalitat. Respecto a las oraciones ante clínicas abortivas, aseguró que no son libertad de expresión, sino acoso, y que por eso están en el Código Penal, y, finalmente, apuntó que, cuanto más alta y poderos sea una institución, más tienen que estar sometidas a la crítica pública.