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El senador Monago mintió al acusar de "lawfare" al juez De Prada por la sentencia de la Gürtel

El Tribunal Supremo no retiró párrafo alguno del fallo que consideró probada la caja b del PP ni consideró “excesivas” las referencias a este partido, ni la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificó el Supremo fue redactada por el juez José Ricardo de Prada, en contra de lo afirmado por el senador del PP en la Cámara Alta

El senador del PP José Antonio Monago interviene durante la sesión de Control al Gobierno celebrada este martes por el pleno del Senado. / SERGIO PEREZ (EFE)

El senador del PP José Antonio Monago interviene durante la sesión de Control al Gobierno celebrada este martes por el pleno del Senado.

Madrid

El senador del PP, José Antonio Monago, faltó a la verdad el martes 12 de diciembre cuando afirmó en el debate parlamentario que el juez José Ricardo de Prada “introdujo en una sentencia” en alusión a la sentencia de la Audiencia Nacional por la primera época de la Gürtel, “un párrafo que provocó la caída del Gobierno de Rajoy y que finalmente esa frase de marras que provocó la caída fue sacada por el Tribunal Supremo de ese auto”. “Ese”, añadió Monago entre aplausos, “es el mayor caso del lawfare, que le costó a un Gobierno del Partido Popular la presidencia”.


Ninguna de estas aseveraciones es cierta. Esta fue la relación de hechos que sucedieron aquellos días hace ya tres años y que explican el error o la mentira a la que algunos dirigentes del PP aún se aferran para cuestionar aquel fallo judicial.Martes 13 de octubre de 2020. El diario El Español adelanta que el Tribunal Supremo va a confirmar a grandes rasgos la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al PP por la Gürtel pero dice que considerará “excesivas” las referencias a su caja b.
Un día después, miércoles 14 de octubre. El departamento de comunicación del Tribunal Supremo hace pública la sentencia de 1860 folios y una nota adjunta resumen en la misma línea que el diario digital.
Todos los medios de comunicación, incluida la SER, publicaron para salir al paso ese resumen del departamento de comunicación del Supremo, porque su trayectoria profesional no hacía presagiar error alguno y comenzó la labor de leer el texto. Los 1860 folios de la sentencia.
Esta redacción descubre que en ninguna parte se alude a que las referencias a la caja b sean “excesivas”, y que la sentencia confirma en su totalidad el fallo de la Audiencia Nacional. Tanto la existencia de la caja b en el PP y los párrafos más duros contra la formación conservadora, como la afirmación de que se creó un “auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local”, por medio de la “estrecha y continua relación de la trama con influyentes militantes” del PP que tenían “posibilidades de influir” en la contratación pública. Párrafo que según afirma Monago fue eliminado por el Supremo y que le costó el Gobierno a Mariano Rajoy.Pero no fue eliminado párrafo alguno. Ni fueron “excesivas” las referencias al Partido Popular. Por el contrario, la sentencia del Supremo expone, literalmente, que “en modo alguno resulta reprochable” para contextualizar los hechos, “mencionar los diferentes medios de prueba relacionados con el Partido Popular, cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama de los distintos episodios que configuran los hechos probados”.


El departamento de comunicación del Supremo emitió una rectificación. Corrigió su nota inicial. La SER y otros medios rectificaron y publicaron la verdad. Muchos otros, no. Insistieron en la primera y falsa versión. La mentira se mantuvo instalada y de forma cíclica, algún portavoz del PP la enarbola en público. El último fue el senador del PP, José Antonio Monago, el martes pasado, quien incurre además en otro error porque en contra de lo que afirma, no fue José Ricardo de Prada el ponente o redactor de la sentencia de la Audiencia Nacional que introdujo esos contundentes párrafos contra el PP, sino su compañero de tribunal, Julio de Diego.

José Ricardo de Prada pide amparo al CGPJ

El magistrado José Ricardo de Prada ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial por las manifestaciones de Monago. Le acusa de atacarle mediante la utilización de datos falsos. Asevera el juez que Monago “descalifica de forma extraordinariamente grave la actuación jurisdiccional” de este magistrado sin “otro fundamento que el puro interés político, lo que inquieta y perturba gravemente la independencia judicial, al emitir un mensaje demoledor de advertencia de descrédito y consecuencias negativas para cualquier juez o magistrado que se vea en la tesitura de tener que dictar una resolución de acuerdo a derecho, pero que directa o indirectamente pudiera afectar a los intereses de su partido político”. “Una vez más”, añade el magistrado, “denigran groseramente por el hecho de haber participado en el tribunal que confeccionó y firmó dicha sentencia, realizando afirmaciones que no se ajustan en absoluto a la verdad”.


Esta es la segunda vez que José Ricardo de Prada pide amparo a este CGPJ caducado desde hace más de 5 años por hechos similares a los criticados por Monago. En la primera ocasión no obtuvo el respaldo del órgano de Gobierno de los jueces.El extenso currículum del magistrado José Ricardo de Prada: único juez español en el TPI de La HayaJuez desde hace 37 años, José Ricardo de Prada lleva más de 30 en la Audiencia Nacional donde ha enjuiciado casos de terrorismo, corrupción, tráfico de drogas y crímenes contra la humanidad. Al respecto, fue el juez que redactó la histórica sentencia Scilingo, que estableció condenas por los vuelos de la muerte, torturas y crímenes contra la humanidad en Argentina.


Especialista en derecho internacional humanitario, genocidio y crímenes de guerra, es el único magistrado español que forma parte del Tribunal Penal Internacional de la Haya, en concreto ha estado en la Sala de Apelaciones de crímenes de guerra de Bosnia-Herzegovina, y participó en la sentencia de apelación del serbiobosnio Radovan Karadzic.


Desde 2011 compatibiliza su trabajo en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con el de juez del Mecanismo Residual para Tribunales Internacionales, que asume las funciones del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y Ruanda.
Ha colaborado en programas de cooperación internacional para fortalecer la justicia en Centroamérica, Sudamérica o África y participado en el proceso de paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.

 
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