Javier Ruiz habla alto y claro de lo que significa la entrada del Gobierno en Telefónica: "Se explica con tres palabras"

Madrid

El Gobierno comprará hasta un 10% del capital de Telefónica y pasará a ser su primer accionista. Una inversión de en torno a 2.000 millones de euros que tiene varios objetivos estratégicos que van mucho más allá de lo económico porque tiene todo tipo de implicaciones políticas, incluso ideológicas. Se trata de esa operación requiere análisis desde varios planos:

¿En qué consiste esta operación empresarial?

La SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) va a empezar a comprar hasta el 10% de Telefónica. Hasta el 10%, no necesariamente un 10. Ese capital la puede convertir en el primer accionista de la compañía, así que le da un sillón en el Consejo de Administración. Al menos el Estado se va a sentar en el órgano de dirección de Telefónica.

Según la estimación del Ejecutivo, el movimiento supone unos 2.000 millones de euros y ejecuta desde ya comprando en el mercado. Anoche la acción de Telefónica en el mercado que cogió abierto, que era el de Wall Street, subió un 6,17% de una tacada. Este miércoles, al abrir la Bolsa las acciones de Telefónica subieron al 6,5% para cotizar a 5,79 euros por título. Eso encarece algo los términos de la operación para el Gobierno español pero también el intento de asalto de cualquier otro Gobierno.

Conocido el cómo y el cuánto, falta desentrañar el por qué, que es la clave de todo esto y el Gobierno lo explica con tres palabras: seguridad y defensa nacional. Lo había adelantado la ministra de Defensa, Margarita Robles: "Aquí no nos estamos jugando sólo una compañía. Esta es una compañía de defensa nacional. Este miércoles lo reiteraba Nadia Calviño con este argumento: "Es sin duda la empresa más estratégica de nuestro país, no sólo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa". Dos conceptos, seguridad y defensa, que se repiten hasta cinco veces en la nota que la SEPI manda a la CNMV. Cinco veces en tres párrafos.

¿Es un blindaje temporal o el movimiento va más allá?

Este es un movimiento que va mucho más allá. Primero, lo que se dice es que esto no es una jugada de corto plazo. De hecho, la nota enviada al regulador dice que hay vocación de permanencia. No se está entrando para sacar a STC a los saudíes y volver a salir. Pero es que además, el Gobierno pretende convertirla en bandera española definitiva.

El movimiento se produce a tres bandas: el 10% de la SEPI, que pretende sumar el 6% que ahora tiene CaixaBank a través del banco y a través de la Fundación La Caixa. Caixabank dice que además tiene operación y vocación de aumentar esa posición, según fuentes de la operación. Así que es un 16% y y hay que sumarle otro 5% que tiene BBVA, un 21%.

El movimiento está hecho, primero, para entrar y frenar a STC y, segundo, para buscar alianzas para sostener la bandera española. Esto de momento controla el Consejo de Administración y te bloquea la entrada de cualquier capital extranjero, porque saltarte a un 21% de posición común es difícil. Así que este es un movimiento de largo plazo.

¿Excepción o la nueva norma sobre privatizaciones?

Este movimiento supone un giro radical a una política de privatizaciones que lleva rigiendo este país desde los años 80. Hay un nuevo canon de gobiernos. Aznar fue el que vendió en diciembre del 96 el 20% de Telefónica y y se deshacía de aquello diciendo "esto es mucho más eficiente, mucho más rentable".

Cualquier proceso de privatizaciones es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Es un instrumento en beneficio económico de los países que afrontan ese proceso. El punto de vista español es claramente para mejorar la eficacia de empresas y para mejorar el nivel de empleo.

Las privatizaciones dejaron que compañías, por ejemplo, eléctricas, acabaran en manos de gobiernos extranjeros, por ejemplo, el italiano. Hemos tenido todo tipo de viajes y este canon ha cambiado ya. No es el gobierno español, todos los gobiernos europeos están blindando la bandera nacional de sus telecomunicaciones, de sus industrias clave para la defensa. Con entradas como: Alemania, 13,8% de Deutsche Telekom es propiedad del Estado. En Francia, el 13,4% de Orange es propiedad del Estado. En Italia, un gobierno tan progresista como el de Georgia Meloni ha autorizado hasta el 20% en Telecom Italia. Ahora España se suma a todo esto. Hay evidentemente un cambio de paradigma económico.

¿Por qué la reacción del PP?

El PP dice que este movimiento del Ejecutivo "es populismo del Gobierno frente a su liberalismo privatizador". Más allá de lo político, es incómoda la posición del principal partido de la oposición. Este es el mismo PP que dijo que al Gobierno le había pillado esto distraído porque estaba con las cosas de la amnistía y protestó cuando STC entraba. Ahora protesta cuando se frena a STC. No cabe muy bien la protesta de lo uno y de lo contrario. Pero más allá de esto, efectivamente Juan Bravo, el portavoz económico del PP, decía que "el populismo se va contagiando y empieza a romperse lo que sería el mercado, no como tal entendemos con la intervención y la ocupación por parte del gobierno de estas posiciones. Creo que sin duda es una posición de intervención por parte del gobierno que el único fin que tiene es ocupar, en este caso, empezar por el sector privado".

El argumentario tiene tres grietas muy gruesas: la primera es que no estamos viendo en el mercado a jugadores privados que entran a comprar Telefónica. Quienes están intentando comprar Telefónica son gobiernos extranjeros. STC, el fondo soberano saudí, es el fondo soberano dirigido por la familia real saudí, que sigue los intereses de Arabia Saudí. Un gobierno, no muy ejemplar. Esto no es un movimiento liberal de mercado capitalista. Esto es un país asaltando la empresa de otro.

La segunda grieta en este argumento es que no parece muy intervencionista. Por ejemplo, un gobierno como el de Alemania, insisto, tiene el casi 14% de Deutsche Telekom. No parece muy comunista Macron con casi 14% de Orange y, desde luego, no es muy comunista la ultraderecha de Georgia Meloni, que tiene hasta el 20% de Telecom Italia. Así que no, no parece que esta clave sea muy política.

La tercera grieta es la peor de todas: el PP que dice que hay que frenar todo esto y que arguye un espíritu liberalizado es el mismo PP que con Aznar colocó a Juan Villalonga en la Presidencia de una compañía que es ahora Telefónica. Juan Villalonga era el compañero de pupitre de Aznar. Acabó de presidente de Telefónica por ese motivo.