Competencia investiga a Repsol por abuso de posición dominante
La investigación trata de dilucidar si ha aprovechado su posición conductas anticompetitivas desde marzo hasta diciembre de 2022
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra distintas filiales del grupo Repsol por posibles prácticas anticompetitivas, constitutivas de un abuso de posición de dominio, en el mercado de la distribución mayorista de combustibles para automoción en España. Según informó la CNMC, la investigación trata de dilucidar si la petrolera habría aprovechado su posición de dominio en el mercado mayorista de hidrocarburos en España para llevar a cabo distintas conductas anticompetitivas desde marzo hasta diciembre de 2022.
Por un lado, al ofrecer descuentos adicionales en combustibles a los usuarios de sus estaciones de servicio a través de aplicaciones o de tarjetas de fidelización y pago. Además, por incrementar el precio que terceros competidores, las estaciones de servicio independientes, pagan a Repsol por adquirir el combustible en el mercado mayorista. Para la CNMC, dada la posición de Repsol en el mercado mayorista, estas conductas habrían supuesto una estrategia exclusionaria frente a las estaciones de servicio independientes.
Además, habrían tenido la capacidad de erosionar los márgenes comerciales de dichos competidores y limitar la competencia en la distribución minorista. Estas conductas podrían constituir una posible vulneración del artículo 2 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Atsae) y la Asociación de Comercializadores Independientes de Hidrocarburos.
Ante la sospecha de existencia de posibles prácticas anticompetitivas, la CNMC abrió una información reservada y llevó a cabo una inspección domiciliaria en la sede de Repsol. La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.