El Constitucional desatasca la resolución de causas en un año de gestión de Conde-Pumpido

Madrid

Este 11 de enero se cumple un año desde que Cándido Conde-Pumpido accediera a la presidencia del Tribunal Constitucional, quien de inmediato anunció la presentación de un plan de choque para agilizar la resolución de casos pendientes.

Al asumir el cargo, la nueva presidencia se encontró con 6.810 recursos de amparo en tramitación, a los que se añadieron 8.069 que ingresaron a partir de enero del año pasado, por lo que el tribunal tuvo que hacer frente a un total de 14.869 procedimientos de estas características. Según datos del Tribunal de Garantías, durante 2023 fueron resueltos 11.503 recursos de amparo. Un total de 3.444 más de los que fueron presentados.

También en el resto de resoluciones dictadas, el tribunal ha experimentado un notable incremento porque el número de sentencias aprobadas durante 2023 ha ascendido a 190, los autos a 690 y las providencias a 11.741, frente a las 151 sentencias, 178 autos y 7.277 providencias de 2022.

El tribunal también ha adoptado en este año como una de sus principales líneas de actuación la resolución prioritaria de aquellos asuntos de especial relevancia que acumulaban un mayor retraso. Y en este sentido, ha dictado sentencia sobre los 8 casos más antiguos del pleno que arrastraba de los años 2010, como el recurso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, o de 2018 y 2019, como el régimen jurídico aplicable al consejo de administración de RTVE, los derechos de retransmisión del fútbol, o la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Además, el Constitucional se ha centrado en la resolución de casos de una alta relevancia social, económica y jurídico-política como el recurso contra la eutanasia, la ley de educación, el impuesto de grandes fortunas, los permisos de paternidad, o la reforma del Consejo General del Poder Judicial en funciones entre otros.

Así mismo, el presidente del Tribunal ha llevado a cabo una actividad institucional y una agenda internacional, entre la que destaca la elección del Tribunal Constitucional de España como sede de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional para 2025, la visita oficial de la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Siofra O’Leary, o el seminario de trabajo con el Tribunal Constitucional Federal de Alemania.