La tensión en Ecuador pone el foco en las cárceles y en la propuesta de Noboa de subir el IVA

Madrid

El pulso entre el Gobierno de Ecuador y las bandas del crimen organizado ha continuado este viernes por cuarto día consecutivo con la tensión centrada en los motines carcelarios y la inesperada propuesta de subir el impuesto al valor agregado (IVA) presentada por el presidente Daniel Noboa, quien también ha realizado una visita al canal de televisión asaltado el martes por un grupo de hombres armados.

A última hora de este viernes todavía había más de 150 funcionarios de prisiones retenidos desde este martes en seis cárceles (Esmeraldas, Latacunga, Ambato, Azogues, Cuenca y Loja) donde se registran motines simultáneos, con un saldo de tres presos fallecidos.

Un preso perecido ha sido retirado de la cárcel de Cuenca, mientras que los cadáveres de los otros dos han sido arrojados desde el interior de las prisiones de Azogues y Machala. En esta última se ha logrado controlar el motín que había días atrás.

Noboa plantea subir IVA: "La guerra cuesta"

Aunque Noboa había prometido en campaña electoral no subir impuestos, ha sorprendido al presentar un proyecto de ley para incrementar el IVA del 12 % al 15 % con el objetivo de aumentar la recaudación y obtener recursos para financiar la "guerra" que le ha declarado a las mafias del crimen organizado.

"Debemos de tomar medidas duras, económicas, y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero", dijo Noboa en una reciente entrevista radial.

Esta subida del IVA planteada por Noboa a la Asamblea Nacional (Parlamento) no afectaría a los alimentos de primera necesidad ni a los de la canasta básica. Tampoco a la salud, la educación y el transporte y aún así, con ella calcula que se podrían recaudar unos 1.300 millones de dólares.

Enseguida ha recibido la negativa tajante tanto del correísmo, que es el primer partido en representación en la cámara y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, así como las principales centrales sindicales.

Visita presidencial a canal asaltado

Tras el revuelo causado por ese proyecto de ley remitido a la Asamblea, Noboa ha visitado las instalaciones del canal TC Televisión después de que este martes fuera asaltado por un grupo de hombres armados y encapuchados que tomaron como rehenes a los trabajadores durante una transmisión en vivo que pudo ver todo el país.

Noboa no ha concedido ninguna entrevista ni ha respondido preguntas de los periodistas que llegaron al lugar. Se ha limitado a saludar al personal y el equipo periodístico del canal y recorrer sus instalaciones hasta los estudios donde llegaron los asaltantes y donde aún se encuentran los impactos de bala que dejaron.

Mientras, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, ha logrado desde Washington el respaldo unánime de la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha condenado la escalada de violencia que atraviesa Ecuador y ha ofrecido su apoyo "técnico" y "político" al Gobierno del presidente Daniel Noboa.

La OEA se ha comprometido a "seguir monitoreando" la situación en el país para poder ofrecer "acompañamiento político" y apoyo técnico al Ejecutivo actual.

859 detenidos en cuatro días

La persistencia de esta situación sin resolver ha llevado en Latacunga a que un grupo de familiares de guardias carcelarios se manifestase para reclamar al Gobierno la liberación de sus parientes.

Sin embargo, el Ejecutivo se sigue manteniendo en su postura de no negociar y de seguir la "guerra" declarada al crimen organizado a través del "conflicto armado interno" decretado a nivel nacional, con el que considera a estas bandas criminales como grupos terroristas y actores no estatales beligerantes.

Fuera de las cárceles se suceden los operativos policiales y militares que en cuatro días acumulan cuatro grupos delincuenciales desarticulados y 859 personas detenidas, 94 de ellas por presunto terrorismo. También han abatido a cinco presuntos delincuentes.

En la capital Quito, los operativos se concentran en el transporte público urbano, donde policías y militares realizan controles de identidad y registran pertenencias en busca de posibles integrantes de estas bandas criminales ahora calificadas como "terroristas".