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PSOE y Junts marcan distancias sobre el acuerdo migratorio mientras cierran las enmiendas para la ley de amnistía

Las diferencias sobre el alcance del acuerdo sellado la semana pasada para la convalidación de los decretos no interrumpe el diálogo entre ambas formaciones: Santos Cerdán y Jordi Turull se reunirán el miércoles en el Congreso para seguir negociando el resto de asuntos pendientes

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, escuchan la intervención de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, durante el pleno del Congreso / Mariscal (EFE)

PSOE y Junts siguen dando versiones diferentes sobre la relevancia del acuerdo que ambos partidos alcanzaron la semana pasada para convalidar en el Congreso los primeros decretos del Gobierno. Mientras los socialistas rebajan el nivel del pacto por el que, por ejemplo, se deben delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, los independentistas insisten en que el traspaso de las responsabilidades debe ser integral.

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El propio presidente del Gobierno, en una entrevista en RNE, ha aclarado este lunes que "todo lo que tiene que ver con el control de fronteras" seguirá en manos del Estado. Al mismo tiempo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido que esa materia deberá estar incluida en las materias que se cedan cuando se apruebe la ley. Si no, entienden los de Puigdemont, el traspaso no sería "integral".

Pero a pesar de las discrepancias expresadas en público, las negociaciones en privado se mantienen. Las diferencias no interrumpen el diálogo sobre las carpetas que las dos partes mantienen abiertas. La más urgente es la de la ley de amnistía que esta semana dará un paso más en su tramitación parlamentaria. Los grupos tienen que registrar antes de las 18:00 horas del martes las enmiendas parciales que quieran hacer al texto original.

La intención de PSOE, Sumar, Junts y Esquerra Republicana es que el grueso del proyecto no sufra modificaciones. Los partidos que impulsan la norma han acordado que solo presentarán enmiendas "técnicas" y solo cuando todas las partes estén a favor. La intención es que ningún grupo registre modificaciones de forma particular y  trate de sacarlas adelante con el apoyo puntual de la oposición, lo que pondría en riesgo la aprobación del conjunto de la ley.

Una de las enmiendas que las fuentes consultadas dan por hecho que se presentará en las próximas horas es la que va a eliminar el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se incorporó en uno de los decretos aprobados el miércoles y que Junts entiende que puede poner en peligro la aplicación de la amnistía. Los independentistas exigieron la derogación de ese punto a cambio de salvar la primera gran votación a la que el Ejecutivo se enfrentaba en la Cámara Baja. La intención de la Moncloa es cumplir con ese compromiso a través de una enmienda.

La cuestión de la delegación de competencias será uno de los asuntos que estén sobre la mesa en la reunión que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, va a mantener el miércoles con el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull. Ambos se han citado, esta vez en el Congreso, para seguir avanzando en las negociaciones que los partidos tienen pendientes. Al margen de la amnistía, en los próximos meses, tienen que abordar también los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno espera poder tener aprobados en primavera. Desde Ferraz buscan dar normalidad a los encuentros con el partido de Puigdemont, conscientes de que habrá que celebrar muchas reuniones a lo largo de la Legislatura.

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Sumar critica la negociación del PSOE y Junts

La formación que lidera Yolanda Díaz no ha ocultado su malestar con el PSOE por la gestión de los acuerdos con Junts. El portavoz de Sumar y ministro de Cultura ha dejado claro que no comparten ni las formas ni el fondo de lo que se pactó el miércoles. Para Ernest Urtasun esa situación no debe repetirse y "este tipo de acuerdos no puede producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos que deberían estar fuera de nuestro país".

Sumar no ha sido el único socio de izquierdas que ha mostrado su incomodidad por la posibilidad de delegar competencias del ámbito migratorio. También Podemos ha avanzado que se opondrán a cualquier ley que suponga una restricción de derechos para las personas migrantes, mientras que ERC ve peligroso "abonar discursos de la extrema derecha".

 
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