Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso dudan de la constitucionalidad de la ley de amnistía y recuerdan que su encaje requiere una reforma de la Carta Magna

Un nuevo informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pone en cuestión que la amnistía pueda tener cabida en el marco constitucional actual y sugiere que habría que reformar la Carta Magna para poder dar encaje una medida de este calado. «La admisión a trámite ha supuesto descartar que esta iniciativa entre en contradicción palmaria con la Constitución y posibilitar el debate parlamentario sobre la misma», dice el texto al que ha tenido acceso la Cadena SER, y añade: «para su introducción en el texto constitucional, la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional». En el texto los letrados recuerdan que la ley de amnistía de 1977 «lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia» y que la invocación que se hace en la exposición de motivos de la actual Proposición de Ley genera dudas a los expertos de la Comisión de Justicia: «La afirmación de que la amnistía previa a la Constitución formara parte del pacto constitucional originario genera dudas de que pueda constituir la premisa a partir de la cual se pueda deducir que la amnistía como figura jurídica esté permitida por la Constitución». Por otra parte, en medio del actual debate de las enmiendas sobre terrorismo, el informe técnico, más allá de excluir esos delitos con sentencia firme, pide endurecerlos. Esta valoración discute una de las principales reivindicaciones del independentismo. Las enmiendas a la Ley de Amnistía presentadas este martes por Junts y ERC, piden, precisamente, que se incluya también en el «perdón», aquellos delitos considerados como terrorismo. Citando una de las directivas de la UE sobre la lucha contra el terrorismo, la letrada, subraya que los Estados miembros de la Unión, no solo deben adoptar medidas necesarias para «castigar la complicidad, la inducción y la tentativa» de cometer un acto terrorista, sino que deben castigar esos delitos «con penas superiores a las imponibles por el Derecho nacional» Otro debate actual introducido en las últimas horas con las enmiendas de Junts, como es el del marco de aplicación de la futura Ley de Amnistía, también genera discrepancias en este informe de los letrados de la Comisión de Justicia por el alcance que tendrá el perdón de la futura norma: También se aprecia en la amplitud del “marco” en el que han de situarse los actos determinantes de responsabilidad que son amnistiados realizados en el periodo temporal que se fija, al que nos referiremos a continuación. Este marco está ligado por el párrafo inicial del apartado 1 a “las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, (de) su preparación o (de) sus consecuencias”, marco que no alcanza a las acciones enumeradas a continuación, que para ser amnistiadas no precisan encontrarse directamente relacionadas con estas consultas” y pueden haber “sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración.

Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso dudan de la constitucionalidad de la ley de amnistía y recuerdan que su encaje requiere una reforma de la Carta Magna

El segundo informe que sale de la Cámara Baja sobre la futura norma, esta vez de los expertos adscritos a dicha Comisión, pone en cuestión la invocación a la Ley de Amnistía de 1977

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