La Cámara de los Comunes aprueba el polémico proyecto de ley para deportar migrantes a Ruanda tras ser tumbado por la Justicia británica y europea

La Cámara de los Comunes ha dado «luz verde» este miércoles al polémico proyecto de ley para deportar migrantes a Ruanda después de que el Tribunal Supremo de Reino Unido tumbase a mediados de noviembre el plan de deportaciones por las dudas sobre el trato que podrían recibir los solicitantes de asilo. El proyecto de ley ha sido aprobado en tercera lectura por 320 votos a favor frente a 276 en contra, entre los que se encuentran la ex ministra del Interior Suella Braverman y el ex secretario de Inmigración Robert Jenrick, que se han mostrado a favor de un texto más duro, según ha informado el diario «The Guardian». De hecho, Jenrick ha presentado una enmienda al proyecto, si bien ha sido rechazado por la Cámara, aunque hasta 61 parlamentarios conservadores le han respaldado en lo que se ha interpretado como uno de los mayores motines dentro del Partido Conservador. Los laboristas han impulsado una iniciativa similar que también ha fracasado. Otros conservadores que han rechazado el proyecto de ley -- de los once en total-- son Simon Clarke, Mark Francois y Danny Kruger, quienes han expresado sus dudas ante una ley que suscita recelos en el ala más dura, que piensa que las deportaciones no se llevarán a cabo, y en el ala moderada, que teme que se produzcan violaciones contra el Derecho Internacional. El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha llamado a reforzar la política migratoria británica con un sentido de «urgencia» y confía en poder iniciar los vuelos de deportación de migrantes a Ruanda «en cuanto sea posible en términos prácticos», sin poner una fecha concreta. Sunak, que ha comparecido ante los medios un día después de que la Cámara de los Comunes aprobase la ley que teóricamente da luz verde a estos vuelos, ha afirmado que «ahora depende de la Cámara de los Lores» dar también el visto bueno y hacerlo sin enmiendas, lo que retrasaría la tramitación. En este sentido, ha señalado que ha sido «muy claro» al exponer que esta cuestión es una de las prioridades de su Gobierno, que en noviembre vio como el Tribunal Supremo tumbaba una iniciativa anterior y dejaba en el aire una de las medidas estrella de Londres en materia migratoria. El golpe judicial derivó en la negociación de un nuevo tratado con Ruanda. Se hizo «en cuestión de semanas», como ha subrayado el «premier» británico, que ha aludido a esta celeridad como ejemplo de que quiere concluir todo el proceso «lo antes posible», informa la BBC. «Recuperar el control de las fronteras» o «combatir a los traficantes de personas» son dos de los grandes cometidos fijados por el jefe del Gobierno británico. «Tenemos un plan y este plan está funcionando», ha sentenciado. Así, ha afirmado que el descenso de las llegadas de migrantes en el canal de la Mancha «no ha ocurrido por accidente», si bien prácticamente al mismo tiempo que él comparecía el Ministerio del Interior ha confirmado que sólo el miércoles se registraron otras 350 llegadas más a la zona sur de Inglaterra. Desde el año 2014, más de 230 personas han muerto intentando llegar de Francia a Reino Unido, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas en sus estadísticas cinco víctimas mortales en lo que va de 2024. «Esta es la legislación más estricta jamás presentada en el Parlamento para abordar la inmigración ilegal y dejará claro que si vienes aquí ilegalmente no podrás quedarte», ha informado un portavoz del número 10 de Downing Street tras la votación, según ha recogido la cadena BBC. Previamente, el ministro del Interior, James Cleverly, ha defendido ante la Cámara que el texto ha sido redactado «meticulosamente». «Tal como está redactado, tal como pretendemos que este proyecto de ley avance, cumplirá completamente con el Derecho Internacional», ha declarado. Esto se produce después de que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, prometiera este mismo miércoles que si la medida fracasaba el país africano devolvería el dinero recibido por Reino Unido, que asciende a 240 millones de libras (unos 280 millones de euros). La iniciativa data de la época de Boris Johnson en Downing Street, pero no se ha puesto en marcha tras una paralización «in extremis» ordenada en junio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y un rechazo ya en firme del Supremo británico a mediados de noviembre. El Gobierno conservador del primer ministro británico, Rishi Sunak, ha tratado de solventar los recelos legales firmando un nuevo tratado con Ruanda, sobre el que cimenta una nueva ley que tendrá que ser votada nuevamente en la Cámara de los Lores, donde el gobierno no tiene mayoría.

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Sunak evita poner fecha al inicio de las deportaciones a Ruanda pero insiste en la "urgencia"

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