Imputan al ex número 2 de Interior en la kitchen jurídica del PP
El juez García-Castellón imputa al ex secretario de Estado de Seguridad con Rajoy, Francisco Martínez, y también al ex DAO, Eugenio Pino, en la causa que investiga el operativo para “matar” civilmente a Bárcenas y a su abogado
Madrid
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha emitido este viernes un auto por el que imputa al ex número 2 de Interior, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al ex DAO (Director Adjunto Operativo) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, en la pieza del caso Tándem que investiga la existencia de un supuesto grupo jurídico de presión, dirigido por un abogado del Estado colocado por la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para “tirar a matar” civilmente al extesorero Luis Bárcenas y a su entonces abogado, Javier Gómez de Liaño.
El objetivo de ese supuesto grupo jurídico de presión era evitar que filtrasen datos sobre la caja b del Partido Popular, según las grabaciones a varios de los implicados que forman parte del sumario.
Las agendas de Villarejo involucran a Martínez y Pino
En su escrito, el juez atiende parcialmente la petición de Gómez de Liaño porque según las anotaciones contenidas en la agenda del comisario jubilado José Villarejo, el ex numero 2 de Interior, referido como “Chisco” por el comisario, habría recibido hasta 6 comunicaciones sobre las pesquisas de Villarejo respecto a supuestos pagos en negro de un cliente ruso al letrado, que podían ser utilizadas para chantajearle.
El juez refleja en su escrito que las agendas también apuntan a que Villarejo informó sobre este extremo a Eugenio Pino.
Rechaza citar a Cosidó y al posible director del lobby del PP
En cambio, el magistrado desoye la solicitud de investigar al ex director de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset, al no encontrar hasta el momento indicios suficientes de la participación de ambos en la causa.
Auset ha sido señalado por fuentes del caso como el director del lobby jurídico del PP, supuestamente colocado en el cargo por la exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, con contactos en la judicatura y la fiscalía para encauzar aquellos procedimientos considerados clave por la formación.