Una remota posibilidad

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz afirma que el caso contra uno de los hijos del presidente de la república de Guinea Ecuatorial y contra varias autoridades de aquel país por el supuesto secuestro y torturas de cuatro opositores, dos de ellos españoles, no debe ser juzgado en España, sino que debe ser reenviado a los tribunales de aquel país. No basta con decir que la justicia en Guinea Ecuatorial es corrupta, afirma Pedraz, hay que tener datos. Tiene mucha razón el juez, no basta con decirlo. Pero resulta que hay centenares de documentos elaborados por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos que consideran que Guinea Ecuatorial es una dictadura en la que el presidente Obiang lleva siendo reelegido sin ningún tipo de garantías desde 1979, un auténtico récord mundial. Hay que estar dispuesto a leer esos documentos y llegar a la lógica conclusión de que en dictaduras con más de 44 años de vigencia no existe ni la más remota posibilidad de que el sistema judicial sea capaz de juzgar limpiamente al hijo el dictador, al ministro de Estado responsable de la Seguridad interior y al director general de la Seguridad Presidencial. La comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó en mayo de 2022, por unanimidad, lo que no es nada fácil, una proposición no de ley pidiendo al gobierno que condene las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Es decir, datos, datos y más datos.