Bukele se presenta sin rival en un Salvador amordazado por el estado de excepción
El Salvador vuelve a las urnas sin previsión de cambio tras la campaña “inconstitucional” de Bukele centrada en la guerra contra las pandillas y con el estado de excepción vigente
El Salvador de Bukele
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A poco más de una semana para las elecciones presidenciales y legislativas de El Salvador, el presidente Nayib Bukele y su partido ‘Nuevas Ideas’ encabezan las encuestas. Las mediciones no pronostican ninguna amenaza real por parte de sus cinco oponentes de cara a los comicios del próximo domingo 4 de febrero. Pero, para poder presentarse, el conocido como “el dictador más cool” ha tenido que pedir un permiso de seis meses a la la Asamblea Legislativa, lo que hace su campaña “ilegal e inconstitucional”, en palabras del periodista salvadoreño Francisco Valencia.
“Bukele tiene cuatro años y medio de ser presidente de El Salvador y por lo tanto el artículo 152 de la Constitución de la República le impide ser candidato”, explica. Ese artículo impide presentarse a la Presidencia a quien haya sido presidente durante los últimos seis meses del período. Además, el artículo 88 de la Constitución dice que el sistema político del país se fundamenta en la alternabilidad, lo que obliga a Bukele a esperar otro quinquenio para poder presentarse después de su primera legislatura. Sin embargo, éste se ha valido de la sala de lo Constitucional “que responde a él” porque fue establecida “ilegalmente”, denuncia el periodista director general del diario Co Latino.
El principal tema de campaña de Bukele es la que llama “la guerra contra las pandillas”, que marca toda la narrativa entorno a los comicios, en opinión de Valencia, debido a que es él quien tiene el control de los medios y el poder económico para desarrollar una campaña a favor de esa narrativa. Y estos comicios se van a celebrar con el país en Estado de Excepción, establecido por el presidente en el marco de su lucha contra los pandilleros. Esto implica que las libertades se encuentran restringidas. “Afecta la libertad de expresión, de organización, de movilización… el soldado o el policía en cualquier momento puede entrar a cualquier vivienda sin autorización de un juez o fiscal y todo el que es capturado en el marco de este régimen no tiene derecho a un juez, no tiene derecho a saber por qué se le captura en el primer momento, a que su familiar lo visite en la cárcel…”
La seguridad es el principal componente que va a influir en el voto de los salvadoreños el próximo fin de semana, en un país en el que la economía o la situación social son también preocupantes. “En 2023, la canasta básica incrementó en 57 $ en el en el sector urbano, lo cual es un gran impacto para la economía hogareña, con el salario máximo mínimo en 365 $”, asegura el director, “pero la gente no le está poniendo atención, porque el discurso del Gobierno es que la preocupación en este momento es la seguridad”.
Las cárceles presentan una situación preocupante en materia de derechos humanos. Allí han muerto 217 presos, según los datos que maneja Francisco Valencia: “Un tercio de ellos murieron porque fueron vapuleados por la autoridad del centro penal. Otro tercio murió porque los reos los asesinaron frente a la mirada inmóvil de los custodios. Y el otro tercio, con enfermedades crónicas, murieron porque no les permitieron el acceso a los medicamentos”.
Las prisiones salvadoreñas albergan 75.000 reos que, según Bukele, son todos pandilleros, aunque las organizaciones de la sociedad civil registran que 25.000 de ellos son inocentes. Luego el mismo Gobierno reconoció que siete mil de esos encarcelados eran inocentes y los puso en libertad después de meses encerrados. Valencia subraya que les han hecho un daño irreparable, “les violaron sus derechos, han perdido sus trabajos en las comunidades de donde los sacaron, pues se han convertido en sospechosos de la comunidad, y además han salido con enfermedades”.
Prensa amordazada
El estado de excepción vigente deja poco espacio a las críticas a la gestión del Gobierno. “Es un instrumento para meterle miedo a cualquiera que se atreva a criticar”, dice el periodista. Y, aunque reconoce que las capturas masivas están acabando con la impunidad de los pandilleros y mejorando la seguridad en muchas comunidades, haciendo ganar apoyos al Gobierno, Valencia insiste en que su victoria será inconstitucional. Además, critica que la ley del estado de excepción se está utilizando para cuestiones que no tienen que ver con la delincuencia, como la detención de sindicalistas o la limpieza de las calles de vendedores ambulantes.
También afecta a la libertad de expresión y de prensa. Valencia explica que la modificación del artículo 345 del Código Penal incluyó un inciso en el que señalaba que, si los periodistas y los medios enviaban o difundían mensajes de las pandillas, podrían pagarlo con hasta 15 años de cárcel. Esto, opina el periodista, “es una mordaza, una afectación directa a la libertad de expresión”.
Francisco Valencia señala que “la forma en que el presidente está combatiendo la delincuencia es violentando la ley. La forma en que se está dando a conocer es violentando la Constitución. La forma en que se está proyectando para América Latina es siendo un hombre autoritario y que pronto se va a convertir en un en un dictador”. A pesar de todo, el modelo de Bukele se ha exportado a otros países de la región como Ecuador. El periodista insiste en que América Latina ya ha tenido suficientes dictadores y necesita líderes democráticos que enfrenten la delincuencia y resuelvan los problemas estructurales y económicos de las sociedades desde el respeto a la ley.
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