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El juez García-Castellón prorroga 6 meses la investigación sobre Tsunami Democràtic

Acuerda este lunes la prórroga de la investigación porque precisamente hoy concluía el anterior plazo de medio año aprobado y porque, según afirma, faltan “numerosas” diligencias por practicar

El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo / EFE

El juez Manuel García-Castellón en una imagen de archivo

Madrid

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha decidido este lunes prorrogar otros seis meses la investigación sobre Tsunami Democràtic, porque, tal y como explica en su auto, precisamente hoy concluía el anterior plazo concedido el pasado mes de julio.

El magistrado afirma que cabe proseguir la investigación al menos medio año más porque faltan “numerosas” diligencias por practicar, entre ellas la respuesta a varias comisiones rogatorias remitidas a Estados Unidos, Países Bajos o Suiza, así como la contestación a varios recursos presentados, tanto a la Sala de lo Penal de la Audiencia por la imputación de terrorismo, como contra que la exposición razonada para elevar la causa al Supremo.

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En su escrito, el juez García-Castellón insiste en sostener que investiga la supuesta actividad “terrorista” de Tsunami Democràtic, cuyo objetivo era “subvertir el orden constitucional” y en implicar a Puigdemont.

En concreto, el magistrado refiere que del resultado de las investigaciones practicadas se infiere indiciariamente que Tsunami Democràtic fue una organización “estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia”, dirigida por “varias personas con roles diversos” que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.

García-Castellón añade que Tsunami fue “fruto de una planificación” efectuada por diferentes personas, entre las que incluye al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para la ejecución de acciones de “gran envergadura”, con vocación de permanencia, capaces de movilizar una masa de personas de modo que comprometieran la "estabilidad económica, social, empresarial e institucional" de España.

 
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