La cita previa obligatoria en las administraciones públicas pasará a la historia
Se impuso en la pandemia y se ha alargado hasta ahora
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, este martes en el Congreso / Mariscal (EFE)
Madrid
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, avanzó este miércoles que se eliminará la cita previa obligatoria en las administraciones públicas que se instauró con la pandemia, lo que “requiere de un cambio normativo que veremos cómo lo traemos al Parlamento lo antes posible”. Así lo trasladó durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para abordar las líneas generales de su Ministerio en esta legislatura.
Anunció el fin de la cita previa obligatoria y defendió el “acceso de los ciudadanos a los servicios público por el canal que cada uno elija y piense que es el más adecuado”. La eliminación de la cita obligatoria “requiere de un cambio normativo en el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común”, explicó, con lo que “esta ley hay que modificarla y veremos cómo la traemos al Parlamento lo antes posible”.
Desde el Ministerio afirmaron que la cita previa obligatoria nació con la pandemia para evitar colas, pero defendieron que en ningún caso debe exigirse con carácter obligatorio para relacionarse con la Administración. Para ello, el Ejecutivo modificará la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común para hacer efectiva la medida.
Por otro lado, Escrivá informó de que modificarán la página web central de la Administración del Gobierno, con el objetivo de presentar la información de manera más clara y agrupada. Sin embargo, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública sigue defendiendo la atención presencial, sin cita previa, como uno de los elementos modulares sobre los que debe dirigirse una relación de calidad entre Administración y ciudadanos.
Asimismo, el Ministerio trabajará mediante programas piloto en su red de atención de servicios y, con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), los empleados públicos podrán presentar una atención personalizada a los usuarios, con especial foco en el reto demográfico y colectivos con especiales necesidades. Otra de sus líneas generales de actuación en esta legislatura será intentar eliminar el lenguaje crítico y burocrático al asegurar que, en ocasiones, la población no entiende las notificaciones que remite el Ministerio.
Así, la idea es crear un “gestor documental” único de la Administración General del Estado (AGE), una herramienta que indique en qué momento es complicado entender determinado lenguaje en un mensaje. En último lugar, potenciará el teléfono 060 con especial atención a colectivos vulnerables que tienen necesidades especiales. Este número ofrece información administrativa sobre los servicios públicos y trámites de la AGE.
