Universidades propone financiar un tercio de los nuevos profesores necesarios para poner en marcha la LOSU
El ministerio estima en 4200 los nuevos docentes necesarios para cumplir con las condiciones que fija la nueva ley universitaria
Clase en una universidad pública / Cadena SER
Madrid
La nueva ley de universidades obliga a los campus a ampliar las plantillas para mejorar las condiciones laborales de los docentes, algunos muy precarios, y para rejuvenecerlas. El ministerio de Universidades ha enviado una primera propuesta a las comunidades autónomas, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, en la que estima que para cumplir con las nuevas condiciones van a ser necesarios 4200 nuevos profesores en los próximos cuatro años. Bajo el nombre de "Programa Integra" el departamento de Diana Morant plantea financiar un tercio de los nuevos contratos a profesores ayundantes doctores, en concreto 1362, durante los 6 años que dura el contrato de un ayudante doctor. Las comunidades tendrían que asumir el resto,2836 profesores, y le ofrece dos posibles calendarios para los próximos 4 años. En los dos escenarios los 1300 nuevos contratos financiados por el ministerio serían para el curso que viene 2024-2025. A las comunidades les plantea un primer calendario en el que asumirían la creación de 736 plazas en 2024/25, 840 en el 2025/26, 630 en 2026/27 y 630 en 2027/28. La segunda opción sería no crear ninguna plaza en el 2024/25, 1.418 en 2025/26, 709 en 2026/27 y 709 en 2017/28.
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Nuevas plazas
El documento, un borrador de trabajo, lleva el título de "Propuesta de acciones para facilitar la operatividad de las universidades públicas para implementar la Ley Orgánica del Sistema Universitario en el ámbito del personal docente e investigador". El documento explica que "se propone poner en marcha el Programa “INTEGRA”, cuyo objetivo fundamental es la incorporación 4.200 nuevos profesores/as ayudantes doctores/as al talento docente e investigador de las universidades públicas, coherente con la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (2023) en cuanto a sus figuras de profesorado que facilitan el rejuvenecimiento y la consolidación de las plantillas universitarias. Dicho volumen de plazas supone más que duplicar las plazas de profesorado ayudante doctor que habitualmente componen la oferta pública de empleo de las universidades públicas españolas".
El texto también subraya que "el Programa INTEGRA sufraga plazas de PAD (profesor Ayudante Doctor) nuevas, que se propone incorporar a las plantillas de profesorado de las universidades públicas más allá de su oferta pública de empleo habitual de este tipo de plazas. Son, por lo tanto, plazas extra" y detalla que "las plazas nuevas que forman parte del Programa INTEGRA serán destinadas a compensar los cambios en la dedicación Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades docente del profesorado asociado y de los nuevos profesores/as ayudantes doctores". También precisa que "la delimitación de las plazas de profesorado ayudante doctor por Comunidades Autónomas se acordará entre el ministerio y comunidades, para luego cada CCAA definir juntamente con las universidades de su responsabilidad la distribución de las plazas y su despliegue temporal" y que "la concreción de las plazas y la temporalidad en su convocatoria podrá adaptarse a las necesidades de las universidades".
Calendario más flexible
La iniciativa sale de la Comisión de Trabajo creada por el ministerio de Universidades con representantes de las comunidades autónomas, de la Conferencia de Rectores de las universidades españoles (CRUE) y de los sindicatos mayoritarios (UGT, CCOO y CSIF) para avanzar en la puesta en marcha de la ley de universidades, la LOSU, y para garantizar la financiación necesaria. En su primera reunión el pasado 2 de febrero la Comisión ya acordó "trabajar desde hoy mismo en una respuesta conjunta entre el Estado y las CCAA, bajo el principio de corresponsabilidad, sobre la necesidad de las universidades de incorporar talento, rejuvenecer las plantillas y combatir la precariedad de determinados colectivos de profesorado", según una nota del ministerio de universidades. En esa primera reunión también se acordó flexibilizar el calendario fijado en la ley.
La propuesta remitida a las comunidades amplia hasta 2028 el plazo para aplicar las medidas de la LOSU que afectan a los profesores entre ellas la contratación de los falsos asociados que, hasta ahora, tenían como plazo máximo el 21 de diciembre de 2024. El documento plantea la reforma de la ley e introducir una nueva disposición adicional que establecería los nuevos plazo. En concreto se recoge "con el objetivo de garantizar la operatividad en el desarrollo y en la articulación de los procesos de adaptación en las estructuras de las plantillas de profesorado recogidas en la Disposición transitoria séptima y en la Disposición transitoria décimo segunda de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, se establece como período máximo de implementación de las medidas contempladas en las disposiciones transitorias séptima y décimo segunda el final del curso académico 2027-2028 -se entiende por ello junio de 2028". La nueva redacción deja margen a las universidades para adecuar a sus necesidades las nuevas exigencias y apunta que "las universidades públicas establecerán, a través de sus respectivos órganos de gobierno, el marco temporal específico de las actuaciones que resulten precisas para garantizar la adecuada implementación en cada universidad de lo dispuesto en el apartado anterior. Cada propuesta temporal deberá ser informada para su valoración por la Comunidad Autónoma correspondiente, así como al Ministerio con competencia en materia universitaria" y como ultimo punto establece que "podrán modificar, con la decisión de sus respectivos órganos de gobierno, los acuerdos que en materia laboral hubieran alcanzado en contemplación de los plazos señalados para los procesos que hacen referencia a las disposiciones transitorias séptima y décimo segunda de la LOSU con la finalidad de adecuarlos a los nuevos plazos que establece esta disposición transitoria novena bis.”
El borrador deberá ser ahora estudiado por comunidades, rectores y sindicatos que volverán a reunirse en la Comisión de Trabajo el 15 de febrero.
