"Juez mentiroso, ¿juez prevaricador?"

Madrid

Hay un delito especial para castigar a los jueces y funcionarios públicos que dictan una resolución a sabiendas de que es injusta. Es el delito de prevaricación, configurado en el artículo 404 del Código Penal: castiga al juez con pena de prisión. Y también con la de inhabilitación: que puede suponer hasta 20 años de quedar excluido de la carrera.

¿Prevaricó el famoso juez García Castellón, mintiendo a las autoridades francesas en un caso de terrorismo? Reconoció que, en tiempos en que era juez de enlace, un cargo de especial delicadeza, mintió: lo reconoció en un foro, de La Región, por tres veces, y se quedó tan satisfecho. “Se me ocurrió decir una mentira”, dijo en público; “me inventé” que un sospechoso “estaba localizado en España”, continuó; “era mentira” concluyó. Por tres veces reconoció que había mentido, o sea, faltado a la verdad con intención de engañar.

O sea, que sabía que lo que decía era injusto, porque era falso; que era arbitrario, porque desbordaba la ley; y actuaba en un asunto de su competencia, que son los tres requisitos para que la conducta del juez se convierta en delito de prevaricación.

Si lo cometió o no, no debemos juzgarlo nosotros, los ciudadanos: mentir es un indicio de prevaricar; aunque no siempre coinciden ambas conductas, salvo en que las dos son repulsivas. Pero se supone que debería estar interesado en dilucidarlo el poder judicial, y que debería abrir un expediente; o esos fiscales que tanto apoyan sus atrabiliarias resoluciones; o la persona afectada, o las autoridades francesas, que fueron directamente perjudicadas; o cualquier justiciable que caiga en manos de este mentiroso compulsivo. Delincuente o no, este funcionario es la vergüenza de la Justicia española. Y lo seguirá siendo mientras siga instalado en la ignominia, mintiendo… o ¿quién sabe?, ¿prevaricando?