El juez Pedraz admite parcialmente la querella de Podemos contra la policía política de Interior
Dirige la investigación contra el ex Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez o el exDAO, Eugenio Pino, y excluye el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salvo que la investigación aporte indicios de su participación en la elaboración de informes policiales fraudulentos para dañar la imagen de Podemos
Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior / Aurore Belot
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha admitido en parte la querella presentada por Podemos por las supuestas investigaciones prospectivas del Ministerio de Interior, durante la etapa de Mariano Rajoy, contra la formación morada. Unas investigaciones que después eran filtradas a medios de comunicación en informes, en ocasiones sin membrete oficial, para desacreditar a los líderes del partido de izquierdas.
El juez acuerda dirigir la investigación contra quien fuera número 2 de Interior, Francisco Martínez, así como hacia el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, o los supuestos miembros de la policía política, José Ángel Fuentes Gago, Andrés Gómez Gordo, Enrique García Castaño o Germán Rodríguez Castiñeira.
El juez Pedraz rechaza de momento investigar al resto de altos cargos solicitados por Podemos, como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, o los agentes Bonifacio Díez, José Manuel García, Manuel Vázquez y Mariano Hervás.
Para el juez, la querella solo relata una suposición de que estos últimos necesariamente tendrían que estar al corriente de los hechos y será la investigación la que determine si procede en su momento dirigir también la acusación contra ellos.
La querella de Podemos
Podemos presentó la querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, si bien en estos dos casos el magistrado lo desestima al no tener encaje en los hechos relatados ambos tipos penales denunciados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien a su vez daba cuenta al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad este de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.
El objetivo principal, según esta formación, era su “posterior filtración” a los medios de comunicación, bajo el “marchamo de fiabilidad” de las “fuentes policiales” y desprestigiar ante la opinión pública al partido político Podemos, así como atentar de este modo “contra la indemnidad” de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indica la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
Primeras diligencias del juez
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda dirigirse a su homólogo en el 6, Manuel García-Castellón, para solicitarle distintos interrogatorios y grabaciones que obran en el procedimiento Tándem, así como el examen practicado al teléfono móvil de Francisco Martínez, que contiene conversaciones de WhatsApp sobre investigaciones a líderes de Podemos.
