La número dos de la Fiscalía acusa a García-Castellón de atribuir un delito de terrorismo a Puigdemont en base a "conjeturas"

Madrid

María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo, ha remitido a la sala de lo penal del Tribunal Supremo el informe definitivo de la Fiscalía sobre el caso Tsunami. El juez Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, elevó una exposición razonada al apreciar indicios de terrorismo contra los aforados Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg. Ante las discrepancias entre los fiscales del alto tribunal, ha tenido que ser la superior jerárquica la que fije posición. Donde García-Castellón ve indicios, Sánchez Conde ve "conjeturas" y pide a la sala que devuelva la causa a la Audiencia Nacional para que continúe con la investigación.

En su informe de más de 30 páginas, la fiscal duda de que haya indicios de un delito de terrorismo y señala que la exposición razonada "no ha venido precedida de una investigación suficiente para tener por acreditado que Tsunami Democràtic fue una organización estructurada, Jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva". Sánchez Conde reprocha al juez que, después de cuatro años de investigación no se hayan practicado diligencias esenciales, "entre otras, tomar declaración a los investigados y a otros testigos para desentrañar la naturaleza y la estructura de la organización que se afirma existente". Esto no significa que los hechos violentos protagonizados por Tsunami Democràtic tras conocerse la sentencia del procés no revistan gravedad. Dice Sánchez Conde que no puede "cuestionarse que se produjeron gravísimos incidentes con enfrentamientos con la policía de importante gravedad, produciéndose lesiones y graves daños y los mismos son susceptibles de ser subsumidos en diversos tipos penales, o lo que es lo mismo, la naturaleza delictiva de las acciones ejecutadas bajo el paraguas o cobertura de Tsunami Democràtic no puede ser puesta en duda y ha quedado constatada en las diligencias previas incoadas para su depuración". Y eso es lo que tiene que hacer ahora el juez, según el Ministerio Público.

A las dudas sobre el delito de terrorismo, el informe suma las certezas de que no hay elementos para encausar por este delito a Carles Puigdemont o a Rubén Wagensberg. El intercambio de mensajes entre líderes independentistas no son prueba de cargo contra el expresident de la Generalitat. Al revés. Son pruebas de descargo porque demuestran que "en este momento procesal, se infiere que Carles Puigdemont no lideraba ni era integrante de la supuesta organización Tsunami Democràtic" y que "no pertenecía al grupo de coordinación de Tsunami Democràtic, pues, si formara parte del mismo, ninguna información habría que transmitirle, desconociéndose si dicha información le fue proporcionada". Nos encontramos, subraya, "ante meras conjeturas o sospechas que no permiten la atribución de hecho delictivo alguno a Carles Puigdemont, ni tan siquiera con la provisionalidad propia del presente momento procesal, más bien al contrario, descartan su intervención en Tsunami Democràtic". La número dos de la fiscalía se pregunta también por qué se señala a Puigdemont como el jefe de Tsunami Democràtic por haber participado en las reuniones de Ginebra donde, según la tesis del juez, se acordó su lanzamiento y no se señale al resto de participantes: el entonces presidente de la Generalitat, Joaquim Torra; la exdiputada de la CUP en el Parlament de Cataluña, Anna Gabriel; la exconsejera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Eisa Artadi Vila o Arnaldo Otegi.

En cuanto a Wagensberg, considera que su implicación se basa en el "dato inacreditado" de que fuera uno de los participantes en la aplicación Wire que usaban los miembros de Tsunami Democràtic.