Haití no encuentra la salida

Martine Moïse, primera dama de Haití hasta el año 2021, apenas contenía las lágrimas el 23 de julio de ese año. Era el día del entierro de su marido, el presidente Jovenel Moïse, que había sido asesinado a tiros en su propia casa apenas dos años después de acceder a la presidencia del país. «Un hombre encantador que me sedujo, que robó mi corazón. El era mi himno y yo era su orquesta», decía Moïse en el funeral con la voz entrecortada. Tres años después, Martine Moïse acaba de ser imputada por su presunta implicación en el asesinato. Junto a ella decenas de personas más, incluido quien era el primer ministro del país y el jefe de la policía. Sobre todos pesa la sospecha de que conspiraran para derrocar a Jovenel Moïse. El documento presentado por el juez instructor la vincula con cinco delitos y concluye que «los cargos y pruebas que implican a la exprimera dama en el asesinato del presidente Moïse son suficientes». Este nuevo giro de guion azota a un país que lleva décadas sumido en una profunda crisis humanitaria derivada del caos político y los desastres naturales que han ido afectando a Haití. La violencia desatada en las calles ha dejado más de 800 muertos sólo en el pasado mes de enero al tiempo que prácticamente la mitad de la población corre riesgo de sufrir inseguridad alimentaria aguda. La ONU ha vuelto a advertir a principios de 2024 del impacto de la violencia, que ha dejado 20.000 nuevos desplazados solo en lo que llevamos de año y ha conllevado el cierre de escuelas. Jovenel Moïse murió en un asalto en su propia casa en el que su mujer también resultó gravemente herida. La investigación posterior del crimen implicó a la policía de varios países y conllevó la detención de decenas de personas relacionadas con una red de conspiradores cuyo epicentro se encontraba en Estados Unidos. La investigación determinó que el complot se organizó en Florida en el seno de una empresa de seguridad de Miami dirigida por un ciudadano venezolano. El objetivo era deponer a Moïse y poner al mando del país a un médico haitiano llamado Christian Sanon. Esta empresa se dedicaba a proporcionar servicios de protección y seguridad a personas y organizaciones. Los conspiradores contrataron a más de una veintena de mercenarios colombianos que, con la ayuda de sicarios haitianos, llevaron a cabo el ataque. Poco después del crimen se publicó un vídeo en el que los asaltantes hablaban en inglés y en español, y según los medios de Miami algunos de los implicados habían tenido relación previamente con agencias gubernamentales de Estados Unidos. Florida es el Estado en el que hay más exiliados haitianos dentro del territorio estadounidense. Algunos de los sicarios fueron abatidos por la propia policía haitiana y posteriormente se inició una operación de busca y captura para detener a decenas de personas que habían escapado de Haití o que estaban relacionados con el crimen desde otros países. Un ciudadano estadounidense que cuenta también con la nacionalidad haitiana y que reconoció haber participado en reuniones en las que se habló de derrocar a MoÏse, Joseph Vincent, considerado uno de los cabecillas de la trama, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Vincent había trabajado previamente como informante de la Agencia Antidroga de Estados Unidos. Los investigadores han seguido con su trabajo por las lagunas que han ido encontrando en las declaraciones de algunos testigos y de ahí viene la imputación de la exprimera dama. También pesan sobre ella los testimonios de funcionarios que aseguran que la vieron recogiendo objetos del palacio presidencial antes del crimen, lo que para los investigadores pueden ser una prueba de que sabía lo que iba a suceder. Además de la pobreza y la violencia callejera, Haití sufre en este momento los estragos del caos institucional derivado del asesinato de Moïse. Tres años después del magnicidio el país no ha celebrado aún elecciones y se suceden en la calle las manifestaciones para exigir al actual mandatario, Ariel Henry, que abandone el cargo al que accedió porque había sido nombrado primer ministro dos días antes del asesinato de Moïse. Henry ha prometido en varias ocasiones que llevaría al país hacia una transición por el camino de las elecciones, pero de momento no ha cumplido con su promesa. Henry argumenta que la violencia que ejercen las pandillas en las calles impide que se den las condiciones de seguridad necesarias para convocar elecciones. Sobre Henry también sobrevuela la sospecha de su posible relación con el complot para acabar con Moïse ya que en la lista de llamadas telefónicas registradas por los investigadores figuran conversaciones entre él y uno de los conspiradores. El presidente interino ha negado siempre estar implicado en el magnicidio. Entre tanto, los haitianos muestran su hartazgo bloqueando carreteras y atacando edificios institucionales. La policía ha respondido con violencia, lo que ha incrementado la espiral de enfrentamiento en el país. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, ha pedido recientemente que se cree una fuerza policial multinacional para ayudar a estabilizar Haití: «Su situación no es irremediable. Con el apoyo y la determinación internacional, el pueblo haitiano puede hacer frente a esta grave inseguridad y encontrar una salida a este caos».

Haití no encuentra la salida

La violencia callejera, la pobreza y la reciente imputación de la viuda del expresidente Moïse por su presunta implicación en el asesinato de su marido ahogan al país más antiguo y más pobre de América Latina

Antonio Martín

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