El Gobierno amplía las becas a más estudiantes con discapacidad y a las víctimas de violencia de género

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo real decreto de becas para el curso 2024-2025, entre cuyas novedades figura la rebaja del porcentaje de discapacidad del 33% al 25% para poder optar a estas ayudas de estudio. Tras la aprobación, el plazo de apertura para presentar las solicitudes a la convocatoria general de becas, tanto en las etapas universitarias como no universitarias, se abrirá el próximo mes de marzo. El nuevo decreto mantendrá la ayuda adicional de 400 euros para el alumnado con necesidades específicas de apoyo (discapacidad, trastorno grave de conducta, de la comunicación/lenguaje, del espectro autista, altas capacidades...) Al no estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2024, la inversión será la misma que en 2023, cuando alcanzó una cifra en torno a los 2.500 millones y el número de posibles beneficiarios no está limitado. Según la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, esta nueva convocatoria es una medida importantísima para cientos de miles de familias de España que avanza claramente hacia esa igualdad de oportunidades, especialmente pensado en nuestros jóvenes y, sobre todo, impidiendo que los jóvenes estudiantes tengan que abandonar su formación y sus estudios por condiciones socioeconómicas. Por recomendación del Consejo de Estado, el decreto incluye por primera vez que se extiendan los supuestos de flexibilización de los requisitos académicos aplicables a las víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual menores de edad. En este sentido, el decreto señala que, a las mujeres que acrediten la condición de víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas menores de 25 años y las personas menores sujetos a su tutela o guardia y custodia no les serán de aplicación los requisitos establecidos en relación con la carga lectiva superada en el curso 2023-2024, ni el límite del número de años con la condición de beneficiario de becas, ni la exigencia de superar un determinado porcentaje de créditos, asignaturas, módulos o su equivalente en horas en el curso 2024-2025 para el que hayan resultado beneficiarias de la beca. Estas peculiaridades también se aplicarán a las personas menores de edad que acrediten la condición de víctima de violencia sexual. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha destacado la decisión de «agilizar trámites administrativos» que dependen de la Administración General del Estado para las víctimas del incendio que la semana pasada arrasó un edificio de viviendas en la ciudad de Valencia y a quienes ha trasladado su «cariño y solidaridad».Pilar Alegría ha ensalzado la «máxima colaboración» entre las distintas administraciones «desde el primer minuto» de la tragedia, aunque sin mencionar a la Generalitat de Cataluña y al Ayuntamiento de Valencia. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 20230, el proyecto de Ley de Familias, en la redacción original que preparó la antecesora de Pablo Bustinduy, Ione Belarra, aunque dispuesto a introducir cambios en el Congreso, como mantener la denominación familias numerosas, que desaparece de la norma. El Gobierno ha dado este martes definitivamente luz verde a la ley de Familias de Belarra impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que reconoce la diversidad de las diferentes situaciones familiares y que busca mejorar la protección social de las mismas. El Ejecutivo solicitará también la tramitación de urgencia de la norma en el Congreso, cuyo objetivo es reconocer la diversidad de las diferentes situaciones familiares y mejorar su protección social. Según fuentes de Derechos Sociales, se presentarán enmiendas para poder modificar el texto con medidas incorporadas en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar. La ley de Familias tiene tres objetivos: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben todos los supuestos de familias en España y la equiparación jurídica de las familias. Así, reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad. El Consejo de Ministros también ha aprobado este martes un acuerdo por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para implementar cinco instrumentos a través de los que se canalizarán 40.000 millones de euros en préstamos de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado que con esta aprobación se inicia formalmente la segunda fase del Plan de Recuperación -financiado con los fondos europeos Next Generation EU- que supone la movilización de un total de 93.000 millones de euros en transferencias adicionales y préstamos. «Son unos recursos que van a ser fundamentales precisamente para fomentar la innovación, la digitalización y el crecimiento de la economía», ha destacado el titular de Economía. Dentro de esta segunda fase del Plan de Recuperación está previsto que el ICO gestione un total de 40.000 millones de euros de financiación en colaboración público-privada con las entidades financieras y el sector del capital privado.

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El Ejecutivo aprueba la nueva convocatoria de becas y ayudas al estudio con una inversión "histórica" de 2.535 millones

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