Educación quiere prohibir expresamente el pago por las prácticas de FP para evitar casos como el de Madrid

Madrid

El ministerio de Educación y Formación Profesional quiere evitar más casos como el de la Comunidad de Madrid donde este curso varios cientos de alumnos de FP de centros públicos de la rama sanitaria han salido a la calle para reclamar prácticas en hospitales, imprescindibles para poder titular, porque se ha dado prioridad a estudiantes de centros privados que pagan por esa formación en el centro de trabajo.

El ministerio ha decidido intervenir y pedir al grupo socialista en el Congreso que presente una enmienda, a la que ha tenido acceso la SER, en la que se especifica por un lado que son los centros los responsables de garantizar las prácticas de sus estudiantes: "Los centros del sistema de formación profesional autorizados para impartir enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, sean de titularidad pública o privada, establecerán los acuerdos con las empresas u organismos equiparados que aseguren el acceso efectivo de todo el alumnado a la realización de la formación en empresa u organismo equiparado", se dice textualmente.

Y por otro que no se pueden condicionar las prácticas a una remuneración: "No se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa.”

Igualdad de oportunidades

La secretaria general de FP, Clara Sanz, subraya que el objetivo de la enmienda es "cortar de raíz las prácticas que se han incorporado al sistema de Formación Profesional precisamente por el atractivo de estos estudios". Asegura que "algunos de los nuevos centros privados, que tienen detrás a fondos de inversión en muchos casos, han optado por pagar a las empresas para bloquear las prácticas para sus estudiantes de forma que los centros públicos y concertados se han encontrado con que no son capaces de encontrarlas para los suyos".

Añade que se han visto obligados a tomar cartas en el asunto para evitar que este modelo de pago se extienda y ante la pasividad de algunas comunidades para regularlo mientras favorecen el crecimiento de la oferta privada de FP. La secretaria general vuelve a recurrir al ejemplo de Madrid, donde se han focalizado los problemas, y recuerda que en el curso 2021 - 22 "había en Madrid 43 centros públicos que ofertaban ciclos de formación sanitaria frente a 75 privados". La número tres de Educación lamenta que la enmienda con la que pretenden acotar los pagos haya tenido en contra los votos de PP y VOX: "Precisamente las administraciones - el PP gobierna en doce comunidades autónomas - deberían ser las más interesadas en que esto se garantice porque son los ciudadanos y los estudiantes de cada comunidad los que se van a beneficiar o verse perjudicados si no saliera. Estamos más que sorprendidos sinceramente, es algo inaudito porque no es una cuestión ideológica sino de garantizar la igualdad de oportunidades".