El informe de ‘Análisis de los Requerimientos practicados en el Ministerio del Interior’ que recoge el sumario del ‘caso Koldo’, al que ha tenido acceso la Cadena SER, incluye un rompecabezas al que le faltan algunas piezas para entender, primero, por qué el Ministerio del Interior contrató a Soluciones de Gestión, la principal empresa investigada en la trama, y segundo, por qué no coinciden las fechas del material recibido, por el cual el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska pagó 3.479.355 de euros.

En ese informe la Guardia Civil analiza la documentación enviada por el Ministerio del Interior como requerimiento de la investigación iniciada en abril de 2022. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte en su informe que hay fechas que no coinciden en la recepción de las mascarillas compradas por el Ministerio del Interior a la empresa controlada en la sombra por el supuesto corruptor de la trama, Juan Carlos Cueto. La UCO ha descubierto que el documento de certificación de las mascarillas recibidas es anterior a la recepción de las mascarillas: “No quedan claros los hitos de tiempo en los que se produce la entrega de mascarillas, si se recepcionaron previamente a que la IGAE [Intervención General de Administración del Estado] comprobara el material, o porqué la fecha que aparece en el documento de certificación es anterior a la recepción de las mascarillas”, según advierten los investigadores de la UCO.

Las fechas no cuadran. El certificado de recepción de mascarillas estaba firmado digitalmente con fecha 2 de junio de 2020. En ese documento fechado el 29 de mayo, según se recoge en el sumario, se certifica que se suministraron 1.288.650 mascarillas, aunque se reconoce que nadie de la Intervención General acudiría al acto de recepción. “Lo que llama la atención, es que el documento refleja como fecha de redacción del mismo el 6 de mayo de 2020, esto es, previa a la fecha de la recepción de las mascarillas, por lo que pudiera tratarse de una errata o de un documento preconstruido a fecha de recepción de las mascarillas”, alertan los agentes de la Guardia Civil.

La Cadena SER se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior para recabar su versión. Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que hubo "un error" en la fecha que figura en del documento de certificación donde se escribió "6 de mayo de dos mil veinte". La fecha correcta queda recogida en la firma digital de ese mismo documento donde se comprueba que el "sello de Tiempo: 02/06/2020", es decir, días después de la recepción del material.

¿Por qué Interior contrató a Soluciones de Gestión?

Como ya es sabido, el Ministerio del Interior contrató a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión porque ya había sido contratada anteriormente por el Ministerio de Fomento y Transportes, dirigido entonces por José Luis Ábalos. Los altos cargos del propio Ministerio del Interior explicaron a los agentes de la UCO que hubo una reunión interministerial donde surgió contratar a la empresa de Juan Carlos Cueto porque Ministerio de Fomento y Transportes puso sobre la mesa “un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario”.

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Sin embargo, la UCO echa en falta más información: “No se ha localizado ningún documento que haga referencia a los motivos por los que el ministerio del Interior decidió contratar a Soluciones de Gestión, ni tampoco ningún documento que haga referencia a las comunicaciones entre Fomento”.

La colaboración del Ministerio del Interior con los investigadores pasó por su más y sus menos. Hubo momentos en los que un alto cargo mostró su disposición a colaborar con la información, pero después “rectificó” y se negó hasta que llegase un requerimiento judicial. Al final, colaboraron. El 2 de junio de 2022 se practicó un requerimiento antes la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad en el que se aportó todo tipo de documentación en formato digital, en concreto, 9 carpetas que contenían los contratos, acta de entrega, conformidad de auditoría, despacho de aduanas, información de la Agencia Tributaria y las facturas, entre otros.

Sin embargo, la información que aportó la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior no fue tan completa. A los agentes de la UCO les resultó “extraño” que la unidad de contratación “no aportasen al Requerimiento Judicial ningún tipo de información referente al suministro por parte de la empresa adjudicataria, contactos con los mismos, actas de recepción de material o cualquier otro documento necesario para justificar y demostrar cualquier tipo de contratación”.