La Comisión de Venecia señala que la amnistía "es un medio adecuado para la unidad y la reconciliación"
El órgano consultivo emite su informe sobre la ley del perdón en el que aprovecha para oponerse al 'lawfare', la revisión de las causas judiciales en sede parlamentaria
Carles Puigdemont durante una rueda de prensa. / Thierry Monasse
Madrid
La Comisión de Venecia ha emitido su informe sobre la ley de amnistía y considera que es "un medio adecuado para lograr la unidad y la reconciliación". Este órgano consultivo señala que "no intervendrá en el debate político porque se trata de decisiones que deben tomar el Gobierno y el Parlamento en España" y que tampoco se pronunciará "sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de amnistía, que es una cuestión que en última instancia debe decidir el Tribunal Constitucional". Una vez hechas estas consideraciones, defiende la figura de la amnistía y su capacidad para "anular procedimientos y decisiones judiciales" sin que por ello exista una vulneración del principio de separación de poderes porque "es una consecuencia lógica de la supresión de la responsabilidad penal". Una defensa de la amnistía con condiciones: debe respetar la Constitución, la igualdad ante la ley, los derechos humanos y el derecho europeo e internacional.
En el caso del proyecto de ley de perdón en España hace tres recomendaciones menores. La primera definir de manera más precisa el alcance material y temporal de la ley del perdón para que sus efectos sean más previsibles. Reforzar la conexión entre las dos consultas ilegales que se quieren amnistiar y los delitos de malversación y corrupción que se están investigando y enjuiciando. Y en tercer lugar, eliminar el criterio de la "sentencia firme" para excluir los delitos de terrorismo.
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Este órgano consultivo pone dos objeciones. Se detiene en el trámite que han seguido los grupos parlamentarios con esta ley. Un procedimiento de urgencia, dice, "con consulta limitada al público, a las partes interesadas y a otras instituciones estatales que ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad española". Por eso, abre la puerta a una "enmienda constitucional" que sirva de pista de aterrizaje a la ley y "anima a todas las autoridades españolas a que se tomen el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo en un espíritu de lealtad cooperación entre las instituciones estatales, así como entre Gobierno y oposición, con el fin de lograr la reconciliación social y política, y considerar la exploración de procedimientos de justicia restaurativa". La segunda sobre si una eventual cuestión de inconstitucionalidad debería paralizar la aplicación de la ley, señala que no debe impedirse la revisión judicial del proyecto.
Sobre el lawfare
La Comisión de Venecia también se pronuncia en contra del llamado lawfare, la revisión de las causas judiciales en sede parlamentaria. Dice que "los jueces no deberían estar obligados a informar sobre el fondo de sus casos a nadie ajeno al Poder Judicial" ya hace la siguiente recomendación: "las comisiones de investigación creadas por el Congreso de los Diputados no pueden pretender exigir que los jueces les informen, en particular sobre el fondo de los casos que han decidido".
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Pedro Jiménez
Redactor Jefe en la Cadena SER. Antes he pasado por los equipos de Hora 14, Radio Madrid, Fin de Semana,...
