La ley de amnistía suprime la referencia al Código Penal para sortear las acusaciones de terrorismo de Rovira y Puigdemont
Los artículos relativos al terrorismo y la traición no se eliminan, como pretendía Junts, aunque los actos tipificados como tal solo quedarán fuera si suponen una vulneración grave de la legislación internacional
Madrid
PSOE, Junts y ERC han pactado una reforma de la proposición de ley de amnistía que afecta a tres artículos (1,2 y 7 del texto que se tramita en el Congreso), entre ellos el que hace referencia a los casos de terrorismo, que fue el motivo por el que grupo de Carles Puigdemont votó en contra de la norma hace un mes. Junts pedía una amnistía del terrorismo sin condiciones, pero el resultado de la negociación es una nueva redacción que obvia la referencia al Código Penal para dejar fuera solo los actos que se consideren terrorismo según lo previsto en la Directiva Europea y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. Según fuentes de la negociación, "quedan excluidos los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo y que a su vez hayan causado grave lesión de derechos humanos" conforme a esa regulación internacional.
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Esa es la fórmula que han encontrado para garantizar que el olvido penal beneficia también a Carles Puigdemont y Marta Rovira, con causas abiertas por el caso de tsunami democratic después del aval que, según los negociadores, la Comisión de Venecia ha dado a la amnistía para los casos de terrorismo. El acuerdo también modifica lo relativo al delito de traición, cuando hayan supuesto una vulneración de los principios de la Carta de Derechos Humanos. "Adaptamos toda la norma, a las recomendaciones europeas", sostienen fuentes del Gobierno y de Junts que aseguran que el informe de los expertos internacionales que se conoció la semana pasada ha facilitado el acuerdo definitivo.
El nuevo texto, según los negociadores, reforma lo relativo a la malversación para que no sean amnistiables los delitos que hayan supuesto un enriquecimiento personal, especificando que "no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos" al proceso soberanista siempre que no haya habido un propósito de enriquecimiento personal. En el ámbito administrativo, la nueva ley permite que se exceptuén las sanciones menos graves impuestas en materia de seguridad ciudadana, que podrán ser devueltas por parte de la administración que la impuso. En definitiva, la Generalitat será la que decida si se devuelven esas multas. En la redacción inicial no está previsto que los sancionados puedan ser resarcidas.
PSOE, Junts y ERC acuerdan además extender el ámbito temporal del proceso independentistas a noviembre de 2011 (estaba previsto a partir del 1 de enero de 2012) para incluir todos los acusados del Tribunal de Cuentas.
Si se respeta el guion pactado por los socios, la ley salvará este jueves el trámite en la Comisión de Justicia y quedará lista para su aprobación en el Pleno del Congreso el día 14. A partir de ahí, empezará el periplo de la norma en el Senado, donde el PP tiene previsto alargar al máximo los plazos de tramitación.
