De un nuevo protocolo antiacoso sexual a la ley de trata: consulta todas las medidas aprobadas por el Gobierno en el 8M

Con motivos del dia de la mujer, el Gobierno se ha reunido de formas extraordinaria este 8M para aprobar una serie de medidas. Entre ellas, retoma la ley de lucha contra la trata de mujeres, da más ayudas a las víctimas de violencia sexual e introduce cambios en el sistema VioGén para evitar que las víctimas de violencia machista se queden sin protección antes de tiempo.

Luz verde al anteproyecto de la ley de trata, que dará papeles y derechos a las víctimas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, el anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular: no serán expulsadas del país, podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia. En rueda de prensa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado los ejes de esta norma, que quedó pendiente la pasada legislatura y que busca un "abordaje integral" de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual, a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos, de acuerdo a diferentes convenios y compromisos internacionales.

Es, ha recalcado Redondo, una "ley que no es punitivista" y que "está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas" para apoyar y "dar cobertura a las supervivivientes, "especialmente" las que están en situación irregular.

Según ha explicado, la norma contempla una "autorización provisional con permisos de residencia y de trabajo en tanto se certifica la condición definitiva de víctima de trata", algo "importantísimo", ha valorado Redondo, para estas víctimas que viven con "miedo y angustia" y a las que se debe "proteger y acompañar en todo momento"

También garantiza que no se expulsará del país a víctimas que se encuentren "en situación de trata" y se les ofrece "toda una batería de ayudas y derechos" sin necesidad de denuncia: acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trato.

Derechos que, según ha subrayado la ministra de Igualdad, se reconocen "con independencia" de que haya denuncia.

Echa así a andar un anteproyecto que contará con "la colaboración de todas las asociaciones comprometidas" con la lucha frente a la trata y explotación de seres humanos y en el que se recabarán los informes de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Además, en paralelo, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de "un grupo de trabajo" entre asociaciones que llevan tiempo trabajando con las víctimas de trata para que "puedan incorporarse a este debate" y auxiliar al Gobierno a "concretar mejor y ser más eficaces" en las medidas que necesitan.

Interior endurece los criterios para dejar de proteger a mujeres maltratadas

El Ministerio del Interior ha decidido endurecer los criterios para inactivar casos abiertos en el Sistema Viogén, algo con lo que se busca extender la protección que reciben las víctimas de violencia de género y evitar su indefensión prematura. Así lo explicó el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Marlaska indicó que el Sistema Viogén, creado en 2007, está experimentando mejoras desde 2018, lo que le permite ser un "referente a nivel internacional". En este continuo perfeccionamiento, el ministro anunció la puesta en marcha de la Instrucción 2/2024. Con la misma se limitarán los criterios que permiten la inactivación de casos de maltratadas, en los que cesa la protección policial de la mujer, al tiempo que se crea una nueva categoría de vigilancia, la inactivación supervisada.

¿Qué cambia en VioGén? Sobre la limitación de criterios para inactivar casos:

• En los expedientes en los que no se haya apreciado la existencia de riesgo para la mujer, o este sea bajo, solo podrán considerarse inactivos si no existen medidas judiciales de protección en vigor.
• Los agentes deben concluir que no hay circunstancias de vulnerabilidad de la mujer o de peligrosidad del agresor que aconsejen mantenerlo activo.
• Para estas situaciones en que no hay riesgo o es bajo, las Fuerzas de Seguridad deberán contactar al menos una vez y de manera presencial con la víctima. También se deberá reevaluar todo, de lo que deberá quedar constancia.
• Respecto a los expedientes de riesgo medio, alto o extremo, solo podrán ser inactivados cuando haya sido imposible localizar a la víctima durante al menos seis meses (antes bastaba con solo uno).
• También podrá cerrarse el caso por la muerte, salida al extranjero, internamiento en centro custodia del agresor o cualquier otra circunstancia análoga que haga innecesaria la protección de la mujer o imposibilite la agresión.

Casos complejos

• Se crea una nueva modalidad: inactivación supervisada de casos. Fija mecanismos de control policial durante un periodo de seis meses, prorrogable a un año. También se impide la inactivación completa del expediente en supuestos de alta complejidad o en los que en algún momento se haya detectado un riesgo cualificado.
• ¿En qué casos se aplica la inactivación supervisada de casos? Esta nueva categoría se aplicará en aquellos supuestos considerados de alta complejidad y en los que determinadas circunstancias revelen la existencia de un riesgo cualificado para la mujer víctima, lo que suspende la aplicación de las reglas ordinarias de inactivación. Son, en concreto, aquellos casos que los expertos policiales en algún momento hayan evaluado como de especial relevancia o en los que aparezcan menores en riesgo. También aquellos que en los últimos seis meses hayan tenido valoración de riesgo medio, alto o extremo o en los que se hayan registrado dos o más denuncias en los seis meses siguientes a su apertura.

Nuevo protocolo frente al acoso sexual

El Consejo de Ministros ha aprobado un protocolo de actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos. “Supone un ejercicio de coherencia”, defendió Redondo. Se trata de una propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que recoge entre sus novedades un listado de conductas constitutivas de acoso para facilitar su aplicación e incluye como acoso el que se ejerce a través de medios tecnológicos, informáticos o ciberacoso.

El Protocolo incluye:

• La obligación de los empleados públicos de poner en conocimiento los casos de posible acoso sexual o acoso por razón de sexo que conozcan para lo que debe establecerse un mecanismo sencillo y confidencial.
• La obligación para la administración de atender y tramitar, en su caso, las notificaciones que reciba sobre supuestos de acoso sexual o acoso por razón de sexo, en el ámbito de su competencia, garantizando que sus actuaciones no desprotejan a la víctima.

• Necesidad de acometer las actuaciones con celeridad, garantizando -salvo excepciones justificadas- que se elaborará un informe sobre el caso en un plazo no superior a 10 días desde la comunicación o solicitud de activación del protocolo.