El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha defendido que la ley de amnistía es «sólida, robusta y nos debe permitir iniciar una nueva etapa que deje atrás la represión ilegítima por parte de determinados poderes del Estado», y que tras ella se abre un periodo de negociación y de solución al conflicto político entre Cataluña y España. En una entrevista en El País, Aragonés opina que el proyecto de ley ha sido redactado para superar las revisiones que pueda haber por parte del Tribunal Constitucional y de los tribunales de la Unión Europea, y también de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos. «Por lo tanto, estoy convencido de que va a superar todos los filtros», asevera. El presidente de la Generalitat señala que «es prudente afirmar que la fecha exacta (de aplicación de la ley) no va a ser determinada por nuestra voluntad exclusivamente, sino también por la aplicación que hagan los tribunales. Mi deseo es que sea cuanto antes». Según Aragonés, «es el momento de pasar página a la represión, y ahora es el momento de una nueva etapa para solucionar el conflicto político». Asimismo, ha reivindicado la posibilidad de un referéndum en Cataluña, pues «se trata de que todos los catalanes se puedan pronunciar» y denuncia que no conoce la propuesta de los socialistas al respecto «y nos gustaría que la pongan encima de la mesa». Sobre la estabilidad de la legislatura, Aragonés señala que «la ley de amnistía supone un antes y un después por la propia correlación de fuerzas parlamentarias», pero además de ella «hay otros acuerdos que se pactaron para la investidura y que se deben cumplir». Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado con rotundidad que la principal diferencia entre la ley de amnistía rechazada el 30 de enero, por el voto en contra de Junts, y la aprobada el jueves pasado es que «hemos perdido un par de meses -ha dicho-». En declaraciones publicadas este domingo por el diario La Vanguardia, evita sin embargo, responder afirmativamente a la pregunta de si Junts ha puesto en peligro la amnistía y asegura que «lo más importante es que la amnistía se aplique». «Tenemos que superar la fase de la persecución judicial contra la voluntad de la sociedad catalana. Estamos ante una ley que no es el punto final de la política, sino que es el punto inicial de la política. En todo caso, es el punto final de la persecución judicial contra la política y el principio de cómo la política restaura la justicia que algunos tribunales españoles han estropeado», reflexiona. El dirigente republicano no cree que con la amnistía acabe el procés, ya que «no acaba nada que el pueblo de Cataluña quiera. La sociedad catalana, en una gran parte, quiere la plenitud en términos económicos, sociales y políticos y el futuro de Cataluña en ningún sitio estará mejor que en el voto que los catalanes emitan en un referéndum de autodeterminación». Junqueras se muestra orgulloso de que JxCat y los socialistas se sumen, cuatro años después, a su propuesta sobre la amnistía, aunque sobre el retorno de la republicana Marta Rovira y del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cree que «hay una parte del sistema judicial que hará todo lo posible para retrasarlo». El Congreso zanja esta semana la ley de amnistía, que remitirá al Senado para continuar su trámite de dos meses, mientras que en la Cámara Baja se abren otros frentes, como el caso Koldo y el reto de recabar apoyos para los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que vuelven a depender de ERC, Junts y de otros socios como Podemos. Sánchez acudirá esta semana a la sesión de control del Ejecutivo en el pleno del Congreso con la ley de amnistía cerrada y con la vista puesta en los próximos presupuestos. «¿Hasta dónde puede llegar la trama de su Gobierno y su partido?», le interrogará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al jefe del Ejecutivo dos días después de celebrarse en Madrid una nueva protesta ciudadana que ha pedido su dimisión. La oposición liderada por PP y Vox centrarán la mayoría de sus preguntas en este escándalo y en la ley de amnistía, que el pleno del Congreso aprobará tras el pacto de PSOE, Junts y ERC en la comisión de Justicia.