El Congreso aprueba investigar el caso Koldo con la abstención del PP y el no de Vox

Madrid

La Comisión del Congreso que investigará los contratos de las administraciones en la compra de mascarillas durante la pandemia, empezando por el caso Koldo, echa andar este jueves tras el apoyo mayoritario de la Cámara, con la abstención del PP y el no Vox, que no ven creíble una investigación que salpica al Gobierno balear que fue presidido por Francina Armengol.

El pleno del Congreso ha aprobado la creación de esta comisión solicitada por el PSOE y será la tercera que se pone en marcha, tras la del Senado y la del Parlamento balear, vinculadas a la presunta trama de corrupción en la que participó el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Con el voto favorable de los socios parlamentarios de Sánchez y de UPN, la comisión sale adelante. También con la vista puesta en el escaño que ahora ocupa Ábalos en el Grupo Mixto, que también ha apoyado la comisión. La intención del grupo socialista es que la comisión se constituya cuanto antes con el objeto de esclarecer "los hechos, responsabilidades y enseñanzas" sobre la contratación de material sanitario en la pandemia por parte de la Administración del Estado y sus distintos organismos, así como otras administraciones públicas.

Por eso el PSOE centra esta investigación no sólo en el escándalo del caso Koldo sino también en las presuntas estafas de otros contratos de mascarillas vinculados a la Comunidad de Madrid o a su Ayuntamiento. Fuentes del entorno socialista inciden en que irán "a por todas" cuando elaboren su listado de comparecientes, sin descartar la presencia de Isabel Díaz Ayuso, del alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida, o de la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens.

PP y Vox no la apoyan

De momento, PP y Vox no votan a favor de la creación de esta comisión, aunque sí participarán en ella cuando se constituya. Los populares no la apoyan porque consideran que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es "juez y parte" en esta investigación que afecta a un contrato de 3,7 millones de euros en su etapa como presidenta de Baleares.

Lo dejó claro el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, cuando señaló que su partido solo votaría a favor si la presidenta de la Cámara Baja renuncia a su cargo y cuando tildó esta comisión de "disparate en toda regla". No obstante, el PP no dejará pasar por alto que Armengol pueda comparecer en la comisión del Congreso y del Senado ya que la consideran "presunta colaboradora necesaria de la estafa" del caso Koldo. Fuentes de la Presidencia recalcan que no tiene inconveniente en comparecer siempre que sea legal, reglamentario y los letrados lo avalen.

Los de Abascal, por su parte, rechazan la creación de la comisión para mantener siempre "distancia infinita con el PSOE" aunque fuentes de Vox señalan que también participarán posteriormente para no desaprovechar la oportunidad de denunciar la corrupción de los socialistas.

La Comisión de investigación del Congreso pide entre otros puntos, valorar "posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro". Tendrá una duración de cuatro meses prorrogables y estará formada por tres representantes de cada grupo parlamentario de más de cien diputados, dos por cada grupo con un número superior a ocho e inferior a cien, y un representante de cada uno del resto de grupos.

Comisiones de investigación paralelas

De forma paralela a la comisión del Congreso se celebrará la del Senado, impulsada por el PP y apoyada por todos los partidos de la Cámara Alta, incluida la oposición. Creada el 12 de marzo, esta comisión se ceñirá a los contratos públicos durante la pandemia en los que intermedió Koldo García aunque puede incorporar otros posibles casos de corrupción, si se derivan de la operación policial Delorme.

Su constitución será en abril, inciden fuentes del PP en la Cámara Alta y no tendrá límite de tiempo para su finalización. Los populares están dispuestos a llamar como comparecientes a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; al de Transportes, Óscar Puente e incluso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.