Sr. Juez, tiene una nota de voz pendiente

Madrid

Seguro que el nombre de Miriam Ruiz Salmerón les suena. Es la hija de María Salmerón, una mujer que ha sido juzgada y condenada en varias ocasiones por incumplir el régimen de visitas con el padre de Miriam. La niña no quería ir con él. Su padre estaba condenado en firme por violencia de género, pero no entró en prisión por falta de antecedentes y buen comportamiento. Su madre, por protegerla y defenderla, ha sido indultada en varias ocasiones y finalmente entró en prisión 9 meses. Lejos de estar el caso cerrado, todavía pesa sobre María una causa abierta "en la que ni siquiera mi padre está personado". Miriam es uno de los casos de niños, ahora ya jóvenes universitarios, que han sufrido violencia vicaria e institucional porque ni jueces ni equipos psicosociales han tenido en cuenta sus testimonios. En Barcelona se celebra, entre el 22 y el 23 de marzo, el III Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional que reúne a autoridades, instituciones y expertas. Además de afectados por esta doble injusticia. La campaña con esa "nota de voz pendiente" reclama que los testimonios de los niños se tomen en serio.

Infancias rotas y perdidas. Doblemente victimizados

"Simplemente, quiero dejar claro que tengo ya 15 años y pensamiento propio. Más de la mitad de mi vida he estado involucrada en el mundo judicial. ¿Cuándo va alguien a ayudarme?. Lo único que quiero es vivir tranquila con mi madre y que nadie nos moleste. Si realmente mi progenitor quisiera mi bien, pararía de hacerme daño". Es el final de la carta que Miriam enviaba al juez en 2016. Después de leerla, finalmente la justicia puso fin al régimen de visitas que le habían impuesto desde que era una niña pequeña. Ha perdido toda su infancia y adolescencia. Se ha sentido culpable porque su madre ha tenido una larga batalla judicial, que siempre ha perdido, para evitar que fuese con su padre. El caso de Nerea es de una dureza que estremece. Con tan solo 2 años en el hospital detectaron fisuras y sangre en la zona genital, los médicos instaron a la madre a denunciar abusos. "Con tan solo 4 años lo dije con toda naturalidad" ella, siendo niña, no podía imaginar que eso que su padre le hacía estaba mal. La justicia no tan solo no la protegió sino que le dio la custodia a su padre. Estuvo con él hasta que se escapó con 14 años, y también le dijo al juez que no quería volver. Nerea dice haber borrado completamente lo que vivió de entre 0 a 9 años. "Los psicólogos no tan solo no me escuchaban sino que normalizaban los comportamientos de mi padre". Blas es un joven de 23 años. Siendo un niño su padre fue condenado a 14 años de cárcel por intento de homicidio, atrás quedaban años de violencia y maltrato machista. Pese a ello, el juez otorgó régimen de visitas, obligando a Blas y a su hermano a ir a la prisión a verlo. "Por suerte solo duró 2 visitas, luego no fuimos más". Blas agradece que parte del sistema a él sí le funcionó y especialmente recuerda a la guardia civil por lo mucho que les ayudaron. Lo peor para él "es que repliqué las conductas violentas de mi padre". Era el ejemplo, el modelo que tenía, lo ha superado tras años de terapia psicológica. La nota positiva es que los tres están estudiando en la universidad y tienen una vida más o menos normal. Su compromiso, ahora, es para que otros no pasen por el infierno que pasaron ellos.

No se puede actuar contra cosas que no se ven

Francisca Granados es vicepresidenta de la Asociación Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género Institucional, y forma parte del encuentro que se celebra en Barcelona. Lo primero que dice es que lo que nos cuentan Miriam, Blas y Nerea en los últimos 10 años ha empeorado. Hay un recrudecimiento terrible de la situación de desamparo que viven estos niños, pero no es un problema de la ley. El problema es que no hay herramientas para actuar, el problema es la inaplicación de las normas. La violencia vicaria, con asesinatos como los de las dos niñas en Almería, pasa porque no se aplica la ley. La reforma del Código Civil de la Ley 8/2021, concretamente su artículo 94, niega las visitas a los padres maltratadores. Granados dice que si no funcionan los mecanismos, las herramientas, para proteger a los menores y a las mujeres víctimas, ese problema no se ve y por tanto no llega a los juzgados.

Un informe encargado por el Ministerio de Igualdad en 2022 sobre la violencia institucional contra las madres y la infancia reveló que los datos son tremendos en las víctimas de menor edad: en un 86% de los casos en los que se denuncia violencia intrafamiliar contra niños menores de 8 años, se archivan las denuncias sin que llegue a celebrarse el juicio.