¿Se puede cerrar Telegram por orden judicial? Controversias y alternativas
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hace dos días ordenó suspender de forma cautelar el servicio de la aplicación de mensajería por albergar contenidos protegidos con derechos de autor
¿Se puede cerrar Telegram por orden judicial? Controversias y alternativas
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Madrid
A lo largo de esta mañana la aplicación de mensajería Telegram dejará de funcionar por orden judicial. Las operadoras de telefonía esperan que la Audiencia Nacional les notifique la orden de cierre para su clausura. La orden la dio el juez Santiago Pedraz tras una denuncia por parte de Mediaset, Atresmedia y Movistar asegurando que en Telegram se usan sus contenidos sin consentimiento.
Controversias jurídicas y económicas
La denuncia la hacen los tres grupos audiovisuales que dicen que hay usuarios y canales en la aplicación que utilizan sus imágenes sin consentimiento y sin pagar derechos. Pedraz adopta la medida cautelar de cerrar la aplicación entera porque Telegram no ha respondido a sus requerimientos, algo que, efectivamente, levanta tres grandes polvaredas:
- La primera, la de la proporcionalidad de la medida: se cierra la comunicación y mensajería a ocho millones de personas porque algunos canales o usuarios no pagan derechos a tres grupos audiovisuales.
- La segunda, si es eficaz la medida: si realmente se puede cerrar esa aplicación con una orden a las operadoras.
- La tercera, qué alternativas hay: si se puede recurrir a otras medidas u otras alternativas.
Polémica jurídica y judicial
Es el origen de todo esto. La Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, explica en su auto que mandó el 28 de julio de 2023 una comisión rogatoria a las Islas Vírgenes, donde tiene domicilio social Telegram. No ha habido respuesta ocho meses después. Así que dice que eso "provoca" (es literal) que "deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas" por las televisiones, y añade: "No existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados".
Los colegios de ingenieros de España han emitido una dura nota discrepando. Asegura que es absolutamente "desproporcionada". Su presidente, Fernando Suárez, asegura que es "como si se decidiera cerrar completamente una provincia de nuestro país porque dentro del territorio se produjese un caso de narcotráfico o un robo", y se muestra sorprendido porque medidas semejantes se toman cuando denuncian las televisiones, no se tomaron en casos de denuncias de pederastia, abusos sexuales, etc...
El debate de la proporcionalidad, en realidad, tiene de fondo otro debate jurídico y es el de qué bien es el bien superior a proteger:
- Si la propiedad intelectual de tres grupos audiovisuales.
- O si el derecho a la información y a las comunicaciones de ocho millones de usuarios.
Alternativas
Esta es la segunda colisión de derechos y aquí es donde ponen el acento los expertos en derecho de la tecnología. No hay solo un conflicto entre propiedad intelectual y derecho a la información y las telecomunicaciones. Hay una cuestión de qué se hace cuando una multinacional se niega a compartir información sobre sus usuarios, como sí hacen Whatsapp o Facebook, y no cumple o no responde a requerimientos judiciales o administrativos nacionales.
Borja Adsuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad de Villanueva y experto en comunicaciones digitales, explica que a una pyme se le suspendería. La cuestión económica aquí, sin embargo, surge cuando Pedraz dice que "no existe otro tipo de medida que pueda detener los hechos denunciados". Otros países optan por sanciones, multas… el cierre es lo que han dictado países como China, Cuba, Pakistán o Irán.
Hay un debate económico sobre qué hacer ante estas empresas y si esto es lo único que se puede hacer.
¿Se puede cerrar Telegram por orden judicial?
El debate es si esta medida es eficaz, y es cuando surgen muchas dudas, porque La aplicación funciona a través de proxis o de VPNs (sistemas que hacen pensar a la aplicación que estamos en otro país) y que hacen que siga funcionando con normalidad. Es lo que se usa para burlar la censura en regímenes autoritarios, es lo que ha hecho popular esta aplicación rusa, y es lo que nos deja a todos una duda: ¿seguirá funcionando hoy una aplicación que en el Congreso de los Diputados utilizan varios grupos parlamentarios? ¿O nos vamos a negro por orden judicial?